Lo que inició como una denuncia ciudadana por maltrato animal ha escalado a una crisis institucional sin precedentes para la administración del presidente municipal, Fernando Huerta Cerecedo. El jueves 07 de mayo, la indignación social alcanzó su punto máximo tras confirmarse la muerte de “Rocko”, un perro que fue arrebatado de su entorno por trabajadores municipales y, posteriormente, sometido a eutanasia de forma irregular.
LOS HECHOS: DEL MALTRATO A LA MUERTE
El caso se viralizó luego de que se difundieran imágenes de trabajadores del Ayuntamiento maltratando a “Rocko” durante un operativo de captura. La brutalidad del acto movilizó a organizaciones protectoras de animales y ciudadanos, quienes inicialmente exigían que el perro fuera devuelto con vida.
Sin embargo, tras una mesa de diálogo realizada frente al Palacio Municipal, el alcalde Huerta Cerecedo confirmó la noticia que la ciudadanía temía: “Rocko” ya no está con vida. Según la versión oficial, el personal de la Dirección del Albergue de Mascotas tomó la decisión de “dormirlo”, justificando el acto con un supuesto incidente de mordedura ocurrido el año pasado.
INDIGNACIÓN SOCIAL Y NULA LEGALIDAD
La respuesta del Ayuntamiento ha sido recibida con escepticismo y furia. Las rescatistas señalaron que, aunque existiera un reporte previo, la autoridad violó el protocolo establecido en el Artículo 56 del reglamento municipal. Dicha norma exige que cualquier eutanasia por riesgo de seguridad sea coordinada con la Jurisdicción Sanitaria, Salud Municipal y organizaciones protectoras, pasos que fueron omitidos por los funcionarios.
“No fue un accidente, lo privaron de la vida sin una valoración real”, denunciaron activistas durante la protesta en el Parque Juárez, donde calificaron la acción como una ejecución arbitraria y no como un procedimiento de salud pública.
CONSECUENCIAS: DESTITUCIONES Y DENUNCIA PENAL
Ante la presión social, el Gobierno Municipal anunció la destitución de la directora del albergue y de los trabajadores involucrados. No obstante, para los ciudadanos y figuras políticas, la separación del cargo es insuficiente.
El diputado Paco Niño presentó el jueves por la mañana una denuncia formal ante las autoridades correspondientes contra quien resulte responsable. El legislador recordó que el Código Penal de Oaxaca, en su artículo 419, castiga con cárcel de tres meses a dos años a quien dolosamente realice actos de sufrimiento que generen agonía o pongan en peligro la vida de un animal vertebrado.
La administración de Huerta Cerecedo queda bajo el escrutinio nacional, enfrentando una demanda penal y una sociedad civil que promete no descansar hasta que la muerte de “Rocko” no quede impune.
