En México, ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo. Así lo confirma el informe Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia, elaborado por Artículo 19, que coloca al país como el más peligroso de América Latina para la prensa durante 2025.
El documento advierte un entorno donde la violencia, la impunidad y el uso de instituciones para presionar a comunicadores se han convertido en parte del ejercicio cotidiano de informar. “Informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios”, subraya el informe.
VIOLENCIA LETAL SIN FRENO
Durante 2025 se documentaron en México siete asesinatos de periodistas, una desaparición y 451 agresiones. Estas cifras colocan al país en el primer lugar regional en violencia contra la prensa.
En conjunto con Guatemala y Honduras, la región acumuló 12 homicidios de comunicadores, lo que refleja una crisis extendida en Centroamérica y México.
UN PATRÓN QUE SE REPITE: AMENAZAS Y ABUSO DE PODER
El informe destaca que las agresiones no son hechos aislados, sino parte de una estructura sistemática. De las 451 agresiones registradas, el 44.12% correspondió a ambientes hostiles y el 33.48% a abuso de poder público.
Las amenazas siguen siendo el mecanismo más frecuente: 112 casos en un año, lo que implica que en promedio cada cuatro días un periodista es intimidado en el país.
Además, el 60% de los casos de estigmatización provino de autoridades o actores políticos, lo que agrava el clima de presión sobre la prensa.
IMPUNIDAD COMO REGLA, NO EXCEPCIÓN
Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados en México por posibles vínculos con su labor informativa, mientras que 32 permanecen desaparecidos.
El informe advierte una “impunidad estructural”, donde las investigaciones rara vez priorizan la labor periodística como línea principal, además de presentar fallas graves y prácticas de revictimización.
EL ESTADO COMO MECANISMO DE CENSURA
Uno de los hallazgos más preocupantes es el uso del sistema legal para presionar a periodistas y medios. En 2025, 67 comunicadores enfrentaron procesos legales en distintas materias, desde penal hasta electoral.
En el 73% de los casos, las acciones fueron promovidas por funcionarios públicos o actores políticos.
El informe es claro:
“El objetivo no es necesariamente ganar, sino castigar mediante el proceso”, lo que convierte al aparato judicial en una forma de censura indirecta.
OPACIDAD Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN
El acceso a la información pública también presenta retrocesos. Se detectaron respuestas incompletas o negativas en más de la mitad de las solicitudes revisadas.
Además, el 84% de los encuestados identificó prácticas reiteradas de opacidad en instituciones públicas, mientras que un mecanismo reciente de transparencia desechó casi la totalidad de los recursos de revisión.
En el entorno digital también se documentaron 17 casos de censura mediante eliminación o bloqueo de contenidos periodísticos.
ZONAS DE MAYOR RIESGO Y AUTOCENSURA
Las agresiones se concentran principalmente en Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Sin embargo, el informe advierte que, en regiones con menor registro de ataques, como Sinaloa, podría existir un fenómeno de autocensura por miedo a represalias.
El panorama general, concluye el documento, muestra un país donde informar no solo implica investigar, sino también sobrevivir a un entorno de violencia, presión institucional y silencios forzados.
