Un grave caso de presunto abuso de autoridad, corrupción y contubernio con el crimen organizado ha estallado en el municipio de San Antonio de la Cal. El empresario Álvaro Jiménez denunció desde las galeras municipales ser víctima de un “Estado de excepción” donde los criminales gozan de libertad mientras la víctima permanece cautiva por órdenes de la síndica municipal de dicho municipio.
UN PRODUCTOR DE TRAYECTORIA BAJO ATAQUE
Álvaro Jiménez no es un desconocido en el sector empresarial; se identifica como un productor profesional de eventos especiales con más de 30 años de labor ininterrumpida, cuya trayectoria en el estado se remonta a 1995. Su carrera, forjada en la legalidad y el esfuerzo, contrasta drásticamente con la situación actual: mientras su equipo de trabajo y patrimonio (destinado a eventos sociales y familiares) fue saqueado, él es tratado como criminal en lugar de ser protegido como ciudadano productivo.
EL ATAQUE Y LAS AGRESIONES
Los hechos violentos se desencadenaron en una bodega propiedad de Jiménez, ubicada sobre la avenida Símbolos Patrios. Según el testimonio del afectado, un comando de al menos cinco personas irrumpió en el inmueble, y entre ellos se encontraba una mujer que dirigía la acción y un sujeto identificado como Juan Arango Sánchez (o Juan Sánchez Arango).
Señaló que durante la agresión fue privado de su libertad por varias horas y amenazado, mientras los atacantes presuntamente se apoderaban de dinero en efectivo, vehículos de trabajo, vajilla y mobiliario utilizado para renta de eventos.
“Me privaron de mi libertad, me golpearon con las cachas de las pistolas y me dieron un rozón de bala; me quisieron asesinar”, declaró Jiménez, quien presenta lesiones visibles en la cabeza y el cuerpo.
ROBO DE DINERO Y JOYAS
La víctima denunció un saqueo sistemático. Acusó que elementos de la Policía Municipal de San Antonio de la Cal ingresaron a su habitación para sustraer joyas, relojes y la suma de un millón 500 mil pesos en efectivo. Este capital, según explicó con desesperación, era el ahorro destinado para la celebración de los XV años de su hija, el cual fue arrebatado sin una orden de cateo y bajo el amparo de la noche.
CONTUBERNIO Y ABUSO POLICIAL
La denuncia alcanza tintes de escándalo político al señalarse un presunto contubernio entre los agresores y la administración municipal. Jiménez afirmó que, aunque la Policía Estatal logró detener a los atacantes en flagrancia, la síndica municipal de San Antonio de la Cal intervino para que los detenidos le fueran entregados a su jurisdicción.
Posteriormente, la funcionaria habría ordenado la liberación de los presuntos secuestradores y el encarcelamiento de la víctima. “Lo extraño es que yo soy el secuestrado, a quien intentaron matar, y ¡yo estoy detenido! Los agresores están libres porque son familiares de la síndica”, sentenció el empresario desde su encierro.
URGENTE INTERVENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Ante la gravedad de los hechos, Jiménez y su defensa exigen la intervención inmediata de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Denuncian que se han violado todas las garantías individuales: desde la libertad personal hasta el debido proceso. “Hago un llamado a los organismos internacionales y estatales; no pueden permitir que una autoridad municipal use la ley para proteger a secuestradores y torturar a las víctimas”, clamó el empresario, señalando directamente a la Síndico por las amenazas recibidas dentro del cuartel.
IRREGULARIDADES EN LA JUSTICIA
Hasta el cierre de esta edición, Jiménez permanecía en las galeras sin acusación formal. El afectado responsabiliza directamente a la policía municipal y a la síndica de lo que pueda sucederle a él o a su familia, tras haber sido amedrentado por uniformados dentro de los mismos separos.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades. “Invito a la ciudadanía a que no se dejen; una forma de seguir adelante es denunciar esta situación”.
