La búsqueda del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, escaló al ámbito internacional luego de que se solicitara la emisión de una ficha roja ante Interpol para su localización y captura.
La medida responde a la presunción de que el exmandatario se encuentra fuera de México, en medio de investigaciones que lo vinculan tanto con la masacre de Arantepacua como con un presunto fraude por miles de millones de pesos.
SOSPECHA DE FUGA Y BÚSQUEDA GLOBAL
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que solicitó el apoyo a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, para activar mecanismos internacionales.
“Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país… para girar la ficha”, declaró.
La intención es ampliar la búsqueda a países con acuerdos de cooperación judicial, ante la dificultad de localizarlo dentro del territorio nacional.
ACUSACIONES: MASACRE Y DESVÍO DE RECURSOS
La orden de aprehensión más reciente está relacionada con la masacre ocurrida el 5 de abril de 2017 en Arantepacua, donde murieron cuatro pobladores durante un operativo policial.
Además, el exgobernador enfrenta señalamientos por un presunto fraude de 3 mil 600 millones de pesos durante su administración (2015-2021), lo que agrava su situación legal.
ARANTEPACUA: UN CASO MARCADO POR VIOLACIONES GRAVES
Los hechos en Arantepacua fueron documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que concluyó que el operativo fue “ilegal, excesivo y desproporcionado”.
Según la investigación, participaron al menos 300 elementos de seguridad, se realizaron cateos sin orden judicial en 56 viviendas y se registraron detenciones arbitrarias, además de actos de tortura.
El despliegue incluyó uso de gases lacrimógenos, disparos y apoyo aéreo, lo que derivó en un enfrentamiento con consecuencias fatales.
RED DE IMPLICADOS Y POSIBLES PROTECCIONES
La orden judicial también alcanza a otras 15 personas, entre ellas exfuncionarios de seguridad y policías estatales que habrían participado en el operativo.
De manera extraoficial, autoridades han señalado la posible intervención de un grupo criminal para facilitar la salida del exgobernador del país, lo que abre nuevas líneas de investigación.
JUSTICIA PENDIENTE Y PRESIÓN SOCIAL
A casi una década de los hechos, el caso de Arantepacua sigue siendo símbolo de exigencia de justicia por parte de comunidades indígenas y organizaciones civiles.
“Esta es una prioridad… que se haga justicia a la población de Arantepacua”, afirmó Ramírez Bedolla.
La solicitud de ficha roja representa un intento por reactivar un caso que, pese a su gravedad, ha avanzado lentamente en el terreno judicial.
