La última semana de marzo de 2026 puso de manifiesto la violencia en Oaxaca, especialmente en la región del Istmo de Tehuantepec, donde municipios como Juchitán y Matías Romero concentraron los hechos más graves. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios reportados diariamente oscilaron entre 1 y 5, pero la documentación periodística registró al menos 7 asesinatos el viernes 27 de marzo, convirtiendo a Oaxaca en primer lugar nacional ese día.
Entre estos crímenes se incluyen la ejecución de una familia en La Venta, Juchitán, y un cuádruple asesinato en Matías Romero, hechos que muestran que la violencia alcanza a civiles inocentes, incluidos niños. Otro antecedente similar ocurrió el 4 de marzo, cuando los reportes oficiales indicaron 4 homicidios, pero se documentaron 7. Estos casos reflejan la existencia de cifras negras y subregistros que ocultan la magnitud real de la violencia.
A pesar de estas evidencias, autoridades estatales sostienen que los homicidios se concentran principalmente entre grupos criminales:
“Los crímenes… van dirigidos a actores o elementos vinculados en las propias células delictivas.”
Y agregan:
“Es vox populi que los crímenes se producen entre grupos contrarios y rivales. Colateralmente hemos tenido un número de víctimas menor.”
Sin embargo, los hechos documentados muestran que la violencia trasciende los conflictos internos del crimen, afectando a menores, mujeres y transeúntes en espacios públicos.
Aunque se han realizado detenciones de presuntos integrantes de células criminales, los homicidios de alto impacto continúan, reforzando la percepción de impunidad y limitando la confianza de la ciudadanía en los operativos de seguridad.
