La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, organización fundadora del Congreso Nacional Indígena, denunció una serie de actos de intimidación, amenazas y ataques directos contra sus integrantes en el Istmo de Tehuantepec.
En un comunicado, la organización afirmó que se trata de una violencia sistematizada contra quienes defienden el territorio y los derechos de las comunidades indígenas, y acusó al Estado mexicano de permitir o incluso auspiciar estas agresiones a través de grupos criminales y paramilitares.
“Ha sido violentada por las instituciones del Estado mexicano y por grupos paramilitares y criminales auspiciados por éste”, señala el documento.
VIGILANCIA, DRONES Y ACTOS DE ESPIONAJE
Entre los hechos denunciados, UCIZONI reportó actos de vigilancia directa contra sus integrantes.
El 19 de marzo, un individuo descendió de un vehículo y permaneció observando durante varios minutos el domicilio del activista Carlos Beas, en Rincón Viejo.
Al día siguiente, una camioneta con vidrios polarizados se estacionó cerca de sus oficinas, desde donde se operó un dron:
“Sus ocupantes volaron por varios minutos un dron sobre las instalaciones, para luego retirarse”.
Ambos incidentes, según la organización, fueron captados por cámaras, aunque no se logró identificar a los responsables.
DISPAROS Y ATAQUES REITERADOS
La denuncia también incluye disparos de arma de fuego en las inmediaciones de viviendas de integrantes de la organización.
En la comunidad de San Juan Guichicovi, la activista Juana Inés Ramírez ha sido blanco de detonaciones en al menos tres fechas recientes. Situación similar enfrenta el abogado Alberto Cayetano Matus, en Matías Romero.
UCIZONI recordó que ambos ya habían sido víctimas de un ataque directo meses atrás, lo que refuerza la preocupación por la escalada de violencia.
CONFLICTO POR EL CORREDOR INTEROCEÁNICO
La organización vincula estos hechos con la defensa del territorio frente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), impulsado por la Secretaría de Marina.
Según el comunicado, quienes se oponen al proyecto han sido blanco de agresiones:
“Han aumentado los actos de intimidación… en contra de quienes impulsan acciones de defensa de los territorios”.
UCIZONI sostiene que este megaproyecto ha implicado despojo de tierras, militarización y afectaciones ambientales en comunidades ayuujk y binnizá.
EXIGEN ALTO A LAS AGRESIONES
El CNI respaldó la denuncia y exigió el cese inmediato de la violencia:
“Condenamos estos hechos y exigimos el cese inmediato de las agresiones… que buscan que la UCIZONI se desista de la defensa de nuestras comunidades”.
La organización también reivindicó la trayectoria de UCIZONI en la lucha por los derechos indígenas.
ENTRE LA DENUNCIA Y LA RESPUESTA OFICIAL
Hasta el momento, no hay una postura oficial detallada sobre los hechos denunciados. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de defensores comunitarios, la presencia de megaproyectos y el papel del Estado en regiones con alta conflictividad social.
Finalmente, las acusaciones, de confirmarse, evidenciarían un escenario donde la defensa del territorio se enfrenta a riesgos crecientes.
