Dos personas —una adulta y un adulto mayor— murieron el miércoles en medio de una crisis humanitaria que golpea a la comunidad de Loma Santa Cruz, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán, en la región Mixe de Oaxaca. De acuerdo con organizaciones comunitarias, ambas muertes estarían relacionadas con la falta de alimentos y atención médica que padecen los habitantes tras el desplazamiento forzado provocado por un conflicto territorial con el municipio vecino de Santo Domingo Petapa.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) informó que la población vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, con acceso limitado a recursos básicos y bajo un clima constante de inseguridad.
DENUNCIAN CERCO DE GRUPO ARMADO
Autoridades municipales de Rancho Juárez Mazatlán y representantes comunitarios señalaron que alrededor de 466 habitantes, así como unas 30 familias desplazadas de Loma Santa Cruz que se refugian en la zona, permanecen prácticamente sitiados por un grupo armado. Esta situación, afirman, ha impedido el ingreso de alimentos y atención médica.
Ante el agravamiento de la situación, UCIZONI solicitó la intervención urgente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Según denunciaron, pese a las reiteradas peticiones de los pobladores desplazados, el organismo aún no ha realizado una visita a la comunidad.
CONFLICTO TERRITORIAL DETONÓ LA VIOLENCIA
El origen de la confrontación se remonta al año pasado, cuando los municipios de San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa comenzaron a disputar un presupuesto destinado a la construcción de un camino tradicional en la zona limítrofe. Cada comunidad reclama derechos sobre el territorio donde se realizaría la obra.
La disputa escaló rápidamente y derivó en episodios de violencia que han provocado desplazamientos, amenazas y un ambiente de tensión permanente entre ambas poblaciones.
PIDEN INTERVENCIÓN URGENTE DE AUTORIDADES
Las organizaciones y autoridades comunitarias hicieron un llamado directo a la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara, para que se active la Alerta Temprana emitida por ese organismo, la cual —aseguran— no se ha aplicado en la comunidad afectada.
Asimismo, demandaron al gobierno estatal acciones inmediatas para garantizar seguridad, acceso a alimentos y atención médica para las familias afectadas.
AÑOS DE ABANDONO Y VIOLENCIA
Los pobladores también denunciaron que desde hace tres años la comunidad permanece sin energía eléctrica, luego de que —según afirman— el servicio fue interrumpido por comuneros de Santo Domingo Petapa en medio del conflicto.
A las dos muertes recientes se suman otros dos homicidios de comuneros que defendían sus tierras, crímenes que hasta ahora permanecen sin responsables identificados.
Aunque el gobierno de Oaxaca ha sostenido mesas de diálogo con representantes de ambos municipios, los habitantes señalan que no se han alcanzado soluciones concretas. Mientras tanto, advierten, la violencia persiste, el desplazamiento de personas continúa y la crisis humanitaria en la región se profundiza.
