La norma que garantizaba la igualdad de condiciones en el acceso a internet llegó a su fin. Las regulaciones promovidas por el expresidente Barack Obama en 2015, que además amparaban a internet como un servicio público, quedaron eliminadas por decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés).
En qué consiste y cómo afecta a los usuarios de internet
La entrada en vigor de dicha medida significa que ahora los proveedores de servicio de internet pueden bloquear, acelerar o ralentizar el acceso a determinadas plataformas o sitios web. Es decir, tendrán la libertad de cambiar las reglas del juego y privilegiar o vetar a una u otra página en distintos aspectos como la velocidad de carga y el acceso a sus contenidos. De igual forma, contarán con la potestad de establecer paquetes con mayor o menor velocidad, algo que ha generado preocupación entre los demócratas y múltiples sectores como organizaciones defensoras de derechos civiles, empresas generadoras de contenido y compañías tecnológicas como Twitter.
Los defensores de la abolición de la neutralidad en la web argumentan que los usuarios deben compartir los costos de construir y mantener, junto con los proveedores, la costosa infraestructura de red. El Director de la FCC, Ajit Pai, anunció que esta nueva regulación – o mejor dicho, desregulación – garantiza el desarrollo del sector, y prometió represalias contra quienes violen las normas de competencia.
Los intentos por rescatar la neutralidad en la red
Durante las últimas semanas, los demócratas del Senado activaron un mecanismo conocido como Congressional Review Act (CRA), un procedimiento que permite revocar las acciones de las agencias federales. Aunque lograron seducir a tres republicanos para salvar el primer paso del proceso, no han conseguido que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, apoye revertir la decisión de la FCC.
Sin embargo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, no desechó la opción de continuar con dicho proceso. Resaltó que esta nueva regulación “da luz verde a los grandes proveedores de internet para imponer mayores tarifas a la clase media, los pequeños negocios, las escuelas, las comunidades rurales y de color”.
Otra iniciativa fue impulsada por una coalición de 22 fiscales generales estatales, quienes pidieron al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia revisar la medida a la que calificaron como “arbitraria, caprichosa y un abuso”.
Además, múltiples estados elaboraron leyes y órdenes ejecutivas forzando a los proveedores que buscan contratar con las instituciones regionales, a cumplir con una serie de requisitos con el fin de preservar la neutralidad en la red.
