Después de una larga batalla contra la industria de la chatarra, el Senado de la República aprobó, con 114 votos a favor, el etiquetado claro de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Con ningún voto en contra y sólo dos abstenciones, se avaló en lo general del dictamen que reforma la Ley General de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. También se aprobaron los artículos no reservados de la reforma.
Durante años, y especialmente en los dos últimos sexenios –el del panista Felipe Calderón Hinojosa y el del priista Enrique Peña Nieto–, organizaciones de la sociedad civil, acompañadas por organismos e instituciones internacionales incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS)– lucharon porque en México, un país con los mayores índices de obesidad y diabetes en el mundo, se tuviera un etiquetado claro.
La poderosa industria de la comida chatarra, los legisladores y los gobiernos federales protegieron a los grandes corporativos –casi todos ellos trasnacionales–, por lo que luchadores sociales denunciaron durante años contubernio y corrupción entre funcionarios y empresas, lo que les permitió un negocio de ganancias multimillonarias, sin necesidad de advertir a los consumidores qué es lo que se llevaban a la boca.
Especialistas de América Latina han considerado que la Ley de etiquetado en México es necesaria pero no suficiente para combatir el creciente problema de obesidad en este país.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2016), en México el 72.5 por ciento de la población de 20 años y más padecía sobrepeso u obesidad.
Mientras que la prevalencia de diabetes en la población mexicana mayor de 20 años de edad pasó de 9.2 por ciento 2012 a 9.4 por ciento en 2016.
América Latina y el Caribe, con 105 millones de adultos obesos y 42 millones de hambrientos, reflejan una tendencia global: en el mundo ya hay más personas obesas que pasando hambre.
Según las últimas estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la prevalencia de la obesidad está aumentando en todas las regiones y lo hace a un ritmo más rápido que el sobrepeso. Ambos problemas afectan a unos dos mil millones de adultos.
En 2017, el índice de masa corporal alto -que define el sobrepeso y la obesidad, y que ha aumentado su nivel en un 127 por ciento desde 1990- influyó en la muerte de 4.7 millones de personas.
Ese año, según el estudio “Carga global de enfermedad” del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), una de cada cinco muertes -11 millones en total- estuvo asociada a una dieta pobre, factor que ya mata más que el tabaco y la hipertensión.
Pese a las advertencias, el último Informe de la nutrición global elaborado por un grupo de expertos advirtió que ningún país está avanzando lo suficiente para poner freno a la obesidad adulta y reducir la malnutrición infantil o la anemia en mujeres.
Se aleja así la posibilidad de acabar con todas las formas de malnutrición para 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha pactado la comunidad internacional. Tampoco parece probable que se cumplan otras metas, como la de detener el incremento de la diabetes y la obesidad para 2025, fijada por la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.
