Un video difundido en redes sociales encendió la polémica en Oaxaca al mostrar a peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca presuntamente apropiándose de productos —entre ellos camarones— mientras realizaban diligencias en instalaciones de la empresa de transporte Líneas Unidas.
Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia, evidencian conductas que rebasan las funciones periciales, lo que detonó cuestionamientos sobre la actuación de los servidores públicos durante procedimientos oficiales.
ARGUMENTOS QUE NO CONVENCEN
Tras la difusión del material, el titular de la Fiscalía fue cuestionado en conferencia de prensa, donde señaló que los hechos serían investigados y que, en un primer momento, los implicados argumentaron que los productos formaban parte de los “indicios recabados”.
Sin embargo, la versión generó escepticismo, pues el tipo de bienes sustraídos y la forma en que fueron tomados no correspondían, aparentemente, a protocolos de cadena de custodia.
SUSPENSIÓN Y PROCESO INTERNO
Ante la presión pública, la institución confirmó la suspensión y separación del cargo de los peritos involucrados.
En un comunicado oficial, la Fiscalía informó:
“Se determinó la suspensión y separación del cargo de los peritos captados en video realizando conductas ajenas a sus atribuciones y faltas administrativas”.
Asimismo, detalló que órganos internos ya intervienen en el caso:
“La FGEO instruyó la intervención directa de la Visitaduría General y la Contraloría Interna… para establecer la responsabilidad de los servidores públicos involucrados”.
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL
La dependencia precisó que se iniciaron procesos tanto administrativos como penales. Lo que abre la posibilidad de sanciones más allá de la suspensión.
“Bajo la premisa de que nadie está por encima de la ley… no habrá impunidad”, señaló la institución, al tiempo que reiteró su política de “cero tolerancia ante actos de corrupción o abuso de autoridad”.
CRISIS DE CONFIANZA
El caso expone una problemática de fondo: la fragilidad en los mecanismos de supervisión dentro de instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Aunque la reacción institucional fue inmediata tras la difusión del video, el hecho de que las irregularidades se detectaran por cámaras externas. Y no por controles internos evidencia vacíos en la vigilancia y rendición de cuentas.
Finalmente, la resolución del caso será clave no solo para sancionar a los responsables, sino para recuperar la credibilidad en una institución que enfrenta constantes cuestionamientos ciudadanos.
