Seis años después de que E.D.M.R. y J.I.M.R. fueran interceptados a balazos y privados de la libertad en un camino de la región de la Cañada, un tribunal emitió un fallo condenatorio contra S.G.H.A. por el delito de desaparición cometida por particulares.
El caso se remonta al 31 de julio de 2019, cuando ambos hombres viajaban en una camioneta por un camino de terracería que comunica a Zongolica, Santa María Chilchotla, con la agencia 5 de Mayo, en Huautla de Jiménez.
De acuerdo con los elementos presentados durante la investigación, un grupo de personas habría interceptado el vehículo y efectuado disparos de arma de fuego. Después, las víctimas fueron privadas de su libertad y trasladadas en distintos vehículos hacia otra localidad.
Ahí, según la investigación, fueron ocultadas.
UNA DESAPARICIÓN QUE LLEGÓ HASTA EL TRIBUNAL
El paso de los años no cerró el expediente. Las investigaciones continuaron hasta reunir elementos que permitieron llevar el caso ante la autoridad judicial.
Durante el juicio fueron analizados los datos relacionados con la desaparición de ambos hombres y las circunstancias en que habrían sido interceptados, trasladados y posteriormente ocultados.
Con esos elementos, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra S.G.H.A.
La resolución constituye un avance en el esclarecimiento judicial de un caso que durante años mantuvo a dos familias frente a la incertidumbre provocada por la desaparición de sus seres queridos.
TODAVÍA FALTA CONOCER LA CONDENA
El fallo no significa que el proceso haya terminado.
Está pendiente la audiencia de individualización de sanciones, etapa en la que el tribunal determinará la pena que deberá cumplir S.G.H.A. por el delito acreditado durante el juicio.
Por ello, aunque ya existe una resolución condenatoria, todavía falta conocer la cantidad de años de prisión y las demás sanciones que correspondan conforme a la legislación aplicable.
SEIS AÑOS DESPUÉS, UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL
El caso evidencia también la larga duración que pueden alcanzar las investigaciones relacionadas con desapariciones. Entre aquel 31 de julio de 2019 y el fallo condenatorio transcurrieron más de seis años.
Para las familias, el tiempo transcurrido representa una espera prolongada por respuestas. Para el sistema de justicia, el reto ahora es completar el proceso con la determinación de la sanción correspondiente.
El fallo permite establecer judicialmente una responsabilidad, pero aún quedan etapas por desahogar antes de considerar concluido el proceso.
