Fausto Corrales Rodríguez, quien acompañó al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, el día de su asesinato y fue señalado como testigo del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, fue detenido este miércoles por la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.
La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control federal. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Corrales enfrenta acusaciones por presunto encubrimiento relacionado con el homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.
La detención representa uno de los primeros movimientos procesales relevantes en una investigación que, a casi dos años de los hechos, permanecía sin personas detenidas públicamente por el asesinato del exrector.
UNA VERSIÓN QUE QUEDÓ BAJO SOSPECHA
Corrales Rodríguez estuvo con Cuén Ojeda el 25 de julio de 2024, cuando ambos acudieron al rancho Huertos del Pedregal, también conocido como Santa Julia, ubicado en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa.
En un primer momento, Corrales declaró ante la Fiscalía de Sinaloa que Cuén había sido atacado por dos hombres que viajaban en motocicleta cuando ambos se detuvieron en una gasolinera de la comunidad de La Presita.
Sin embargo, esa versión fue cuestionada posteriormente por la investigación federal. Entre las inconsistencias señaladas estuvieron las características de un video presentado como evidencia, la ausencia de sonido en la grabación y los testimonios de trabajadores de la estación, quienes no reportaron haber escuchado disparos.
También surgieron discrepancias entre la grabación y las lesiones que presentaba Cuén Ojeda, quien recibió cuatro impactos de bala.
La FGR posteriormente sostuvo que el ataque no ocurrió en la gasolinera y que las evidencias apuntaban al rancho Huertos del Pedregal como el lugar donde ocurrió el homicidio. Peritajes realizados en el inmueble localizaron manchas de sangre atribuidas a Cuén.
La reconstrucción federal puso bajo cuestionamiento la investigación inicial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez, quien renunció al cargo en agosto de 2024 después de los señalamientos sobre las inconsistencias del caso.
EL MISMO SITIO DONDE FUE SECUESTRADO “EL MAYO”
La investigación adquiere mayor relevancia porque el asesinato de Cuén ocurrió, de acuerdo con la versión de la FGR, en el mismo contexto y lugar donde Ismael “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad y posteriormente trasladado a Estados Unidos.
Zambada sostuvo, mediante una carta difundida en agosto de 2024 por su abogado, que había sido convocado a una reunión relacionada con una disputa política y universitaria. Según su versión, fue emboscado, encapuchado y trasladado contra su voluntad hasta una pista clandestina, desde donde fue llevado en avión a Estados Unidos.
El capo sinaloense afirmó además que Cuén Ojeda fue asesinado en el mismo lugar y momento en que ocurrió su secuestro.
La coincidencia de ambos acontecimientos convirtió el caso en uno de los episodios más relevantes de la investigación sobre la operación de grupos delictivos en Sinaloa y sus posibles vínculos con actores políticos.
UNA INVESTIGACIÓN MARCADA POR DUDAS
La detención de Corrales ocurre después de un prolongado periodo sin resultados públicos en el caso. En mayo de 2026, la FGR informó que la investigación continuaba y que no se encontraba archivada ni suspendida.
La propia Fiscalía ha mantenido bajo reserva parte del expediente, argumentando que su divulgación podría representar un riesgo para el interés público y la seguridad nacional.
Ahora, la acusación contra Corrales coloca nuevamente bajo escrutinio las declaraciones realizadas durante las primeras horas de la investigación. Según la FGR, el imputado habría proporcionado información contradictoria y omitido datos relevantes que pudieron afectar el esclarecimiento del homicidio.
No obstante, la acusación deberá ser acreditada ante un juez. La detención no implica que Corrales sea responsable de los hechos que se le imputan, pues mantiene el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
