El asesinato de Erandy Daylin, de apenas 10 años, ocurrido dentro de una unidad de transporte público en el municipio de La Paz, Estado de México, derivó en la detención de dos hombres señalados por su probable participación en el ataque.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Jostin Daniel “N” y Miguel Ángel “N” fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión y posteriormente ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un juez.
La menor murió el pasado 9 de agosto, cuando sujetos armados atacaron una combi estacionada en una base de transporte público de la colonia Ancón de los Reyes.
El crimen no ocurrió durante un traslado ni en medio de una persecución: la niña se encontraba dentro de una unidad detenida, junto con su madre y su padrastro, cuando dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego.
DISPARARON CONTRA LA UNIDAD ESTACIONADA
De acuerdo con las investigaciones, uno de los presuntos agresores habría sido Miguel Ángel “N”, quien presuntamente participó directamente en la agresión junto con otro hombre.
Los disparos alcanzaron a la menor y a los dos adultos que permanecían dentro de la combi.
Erandy Daylin murió en el lugar debido a las heridas provocadas por las balas. Su madre y su padrastro también resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
La Fiscalía sostiene que Jostin Daniel “N” habría tenido una participación distinta: presuntamente ayudó a Miguel Ángel “N” y a su acompañante a escapar después del ataque.
La dependencia mexiquense mantiene abierta la investigación debido a que podrían existir más personas involucradas tanto en la agresión como en la huida.
EL CRIMEN DESATÓ PROTESTAS Y BLOQUEOS
El asesinato de la niña provocó una fuerte reacción entre trabajadores del transporte público del oriente mexiquense.
Operadores de más de 20 rutas realizaron movilizaciones y utilizaron sus unidades para bloquear vialidades como la carretera federal México-Puebla y la México-Texcoco.
Los transportistas exigieron mayor seguridad, vigilancia permanente y atención a las denuncias que, según sus propios testimonios, han presentado durante años por amenazas, ataques y presuntas extorsiones.
El reclamo expuso nuevamente la vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte público en esta región, pero también el impacto que la violencia tiene sobre miles de usuarios que dependen diariamente de estas rutas para desplazarse hacia sus centros de trabajo, escuelas y otros municipios.
DENUNCIAN UNA DÉCADA DE EXTORSIONES
Tras el homicidio, integrantes de la Ruta 69 y de otras organizaciones transportistas denunciaron que detrás de los ataques podría existir un problema de extorsión y cobro de piso que, según ellos, se ha prolongado durante aproximadamente 10 años.
Los trabajadores aseguraron que las amenazas no se habrían limitado a los conductores y que también habrían alcanzado a sus familias.
Entre los datos que proporcionaron durante sus protestas, señalaron que 20 unidades habrían sido incendiadas y tres operadores asesinados durante ese periodo.
Sin embargo, este señalamiento debe mantenerse como una denuncia de los transportistas. La FGJEM no ha establecido judicialmente que el asesinato de Erandy Daylin haya tenido como móvil comprobado el cobro de piso.
Esa precisión resulta relevante porque el reclamo social por la inseguridad y las extorsiones no sustituye la obligación de acreditar ante un juez la responsabilidad penal y el motivo específico de cada delito.
PODRÍAN RECIBIR HASTA 70 AÑOS DE PRISIÓN
La Fiscalía mexiquense señaló que los dos detenidos quedaron a disposición del Órgano Jurisdiccional, que será el encargado de determinar su situación jurídica.
En caso de que sean encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad.
No obstante, ambos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
La captura representa un avance en la investigación del asesinato de la menor, pero no significa el cierre del caso. La propia Fiscalía informó que continúa con las indagatorias para establecer la participación de otras personas que pudieron intervenir en el ataque.
El homicidio de Erandy Daylin deja además una pregunta que trasciende la detención de los dos sospechosos: ¿qué tan segura puede ser una ruta de transporte cuando una niña puede perder la vida mientras permanece dentro de una unidad estacionada en su propia base?
La respuesta no depende únicamente de esclarecer este crimen. También exige investigar las denuncias de extorsión, garantizar protección a los operadores y evitar que la violencia termine normalizándose en uno de los sistemas de transporte más utilizados del Estado de México.
