La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la recaptura de A. G. B., una Persona Privada de su Libertad (PPL) que logró escapar del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet el pasado 9 de mayo. La evasión del reo expuso nuevamente las vulnerabilidades en la seguridad de los centros de reclusión en Oaxaca. Particularmente en un penal que ha sido señalado en otras ocasiones por fallas estructurales y administrativas.
OPERATIVO DE LOCALIZACIÓN Y DETENCIÓN
Tras casi mes y medio de búsqueda, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró localizar y detener a A. G. B. Las autoridades no precisaron el lugar exacto de la recaptura ni los detalles operativos. Aunque confirmaron que el reo fue reingresado al penal conforme a los protocolos establecidos.
La SSPC no especificó si el individuo se encontraba armado, ni si recibió apoyo externo para su fuga o permanencia en libertad. Lo que ha generado críticas por la falta de transparencia en un caso que pone en duda la eficacia del sistema penitenciario estatal.
LAGUNAS DE INFORMACIÓN Y FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Hasta el momento, no se han hecho públicos los resultados de una investigación interna sobre cómo se produjo la fuga. Tampoco se ha informado si hay personal penitenciario sancionado o bajo proceso por posible negligencia o complicidad.
El silencio oficial ha despertado cuestionamientos de organizaciones civiles y de derechos humanos. Quienes exigen mayor claridad sobre las condiciones de seguridad en Tanivet, así como el estado de vigilancia y los recursos destinados a la custodia de los internos.
VULNERABILIDAD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
El penal de Tanivet ya ha sido objeto de denuncias por sobrepoblación, falta de personal capacitado y condiciones deficientes. La fuga de A. G. B. no solo representa una falla individual, sino un síntoma de un problema más profundo dentro del sistema penitenciario estatal.
Expertos en justicia penal han advertido que este tipo de hechos no son aislados y reflejan un modelo de gestión carcelaria que requiere revisión urgente, con políticas públicas que prioricen la seguridad sin desatender los derechos humanos de los internos.
La reaprehensión de A. G. B., aunque necesaria, no borra las interrogantes que persisten sobre cómo fue posible su fuga, quiénes fueron responsables y qué se hará para evitar que esto vuelva a ocurrir. La sociedad oaxaqueña merece respuestas claras y garantías de que los centros penitenciarios cumplen con su función de forma segura, transparente y efectiva.
