Un video grabado en la explanada del parque Morelos, en Celaya, Guanajuato, desató indignación nacional al mostrar a una funcionaria de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) amenazando a un hombre no identificado con hacerlo desaparecer. La frase que encendió las alarmas fue contundente:
“A mí me cuesta 2,000 pesos que te desaparezcan”.
El registro audiovisual, difundido ampliamente en redes sociales, ha generado una ola de indignación entre los habitantes de Celaya y usuarios digitales, que exigen justicia ante una declaración que no solo revela una actitud autoritaria, sino que insinúa posibles vínculos con el crimen organizado.
UNA AMENAZA CORTA, PERO CONTUNDENTE
Aunque el video tiene una duración de apenas unos segundos, el contenido es suficiente para evidenciar un comportamiento violento e intimidante por parte de la funcionaria. El hombre afectado, quien grabó la discusión, acusa a la servidora pública de afectar su negocio, a lo que ella responde con una amenaza velada de desaparición.
El hecho ocurrió cerca de las oficinas de atención de Jumapa, en la zona donde también opera un estacionamiento subterráneo. En las imágenes se observa que la mujer no estaba sola; la acompañaba un hombre —posiblemente un agente de seguridad— que realizaba una llamada telefónica durante el altercado.
JUMAPA CESE A LA FUNCIONARIA, PERO LA INDIGNACIÓN PERSISTE
A través de un comunicado, Jumapa informó que la mujer fue separada de su cargo tras analizar el contenido del video. “No toleraremos actos de violencia, intimidación o prepotencia por parte de nuestros colaboradores”, señaló la dependencia.
Sin embargo, la decisión ha sido insuficiente para la opinión pública, que exige una investigación penal y medidas de protección para el comerciante. Varios usuarios de la red social X (antes Twitter) manifestaron su preocupación por lo que consideran un caso grave de corrupción, abuso de poder y posible colusión con grupos criminales.
REDES SOCIALES EXIGEN INVESTIGACIÓN PENAL Y PROTECCIÓN AL COMERCIANTE
El clamor ciudadano no se hizo esperar. Algunos comentarios destacados en X muestran la magnitud del enojo:
“¿Sólo la cesaron? Si amenazó con desaparecerlo, debe investigarse por nexos con el crimen.”
“¿Quién dice algo así con tanta naturalidad? Esa mujer ya lo ha hecho o sabe cómo hacerlo.”
“El comerciante debe ser protegido ya. Esa persona representa un riesgo evidente.”
Las voces coinciden en que la cesantía de la funcionaria es apenas un primer paso. La frase “me cuesta 2,000 pesos que te desaparezcan” no puede ni debe tomarse a la ligera, especialmente en un estado como Guanajuato, azotado por la violencia y las desapariciones.
GUANAJUATO, UN CONTEXTO INQUIETANTE
El caso de la funcionaria de Jumapa ocurre en un entorno crítico: Guanajuato ha encabezado durante años las estadísticas de violencia en México. Las desapariciones, los feminicidios y los ataques a comerciantes no son ajenos a su realidad cotidiana.
En ese contexto, una amenaza como la pronunciada por esta funcionaria tiene una carga todavía más alarmante. ¿Qué conexiones le permiten hablar con tanta soltura sobre desapariciones? ¿Cuántos casos similares no han sido grabados ni denunciados?
¿Y LA JUSTICIA?
La Fiscalía del Estado no ha emitido, hasta el momento, un pronunciamiento oficial sobre el caso. El silencio de las autoridades judiciales refuerza el sentimiento de impunidad entre la ciudadanía.
En un país donde una persona desaparece cada hora, según datos de organismos civiles, una amenaza de este tipo no puede ni debe ser resuelta únicamente con una baja administrativa. Se requiere una respuesta firme, institucional y penal.
