La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este martes la Resolución No. 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos, un documento que llega en un contexto de alta presión para México y otros países del continente frente al avance de las redes criminales.
El informe sostiene que el crimen organizado dejó de ser una amenaza emergente para convertirse en una crisis estructural que debilita las instituciones democráticas y el Estado de derecho en la región.
La publicación ocurre mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destaca una política de seguridad basada en extradiciones de líderes criminales y en la reducción de homicidios dolosos como indicadores de avance en el combate a la delincuencia.
EXTRADICIONES Y RESULTADOS EN SEGURIDAD
Desde febrero de 2025, México ha realizado varias tandas de extradiciones hacia Estados Unidos, entregando a presuntos líderes de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el Cártel del Golfo y la Organización Beltrán-Leyva.
Estas acciones han sido celebradas por autoridades estadounidenses como “logros históricos” en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Al mismo tiempo, el gabinete de seguridad mexicano ha señalado que existe una reducción sostenida de homicidios dolosos, un indicador que el gobierno federal utiliza para sostener que la estrategia actual está dando resultados.
CRIMEN ORGANIZADO: UNA CRISIS ESTRUCTURAL
Sin embargo, el documento de la CIDH advierte que las capturas y extradiciones no son suficientes para enfrentar el fenómeno criminal, pues el problema tiene raíces más profundas.
El informe señala que el crimen organizado está vinculado con desigualdad social, corrupción, debilidad institucional, proliferación de armas e impunidad, factores que permiten la expansión de estas redes.
De acuerdo con el organismo, estos elementos están presentes con intensidad en países como México, donde las organizaciones criminales han logrado infiltrar instituciones públicas y estructuras de poder local.
JUSTICIA INDEPENDIENTE Y PERSECUCIÓN FINANCIERA
Entre las recomendaciones centrales del documento destaca la necesidad de fortalecer la independencia del sistema judicial y crear unidades especializadas con autonomía real para investigar a las organizaciones criminales.
La CIDH también subraya la importancia de seguir el rastro del dinero mediante investigaciones sobre lavado de activos y flujos financieros ilícitos.
La lógica, señala el organismo, es que combatir el crimen organizado no debe limitarse a detener a los ejecutores directos, sino también desarticular las redes económicas y políticas que lo sostienen.
PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y COMUNIDADES VULNERABLES
La resolución también enfatiza la necesidad de brindar protección diferenciada a periodistas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas y afrodescendientes, sectores que enfrentan mayores riesgos frente a la violencia criminal.
Asimismo, recomienda tipificar de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, una práctica que ha sido documentada en diversas regiones del país.
En México, casos recientes han evidenciado la dimensión del problema, incluyendo hallazgos vinculados a centros de adiestramiento criminal en distintos estados.
CONTRA LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
El documento también advierte sobre los riesgos de estrategias centradas exclusivamente en medidas represivas o militarizadas, señalando que estas no han demostrado ser eficaces para reducir la criminalidad a largo plazo.
En contraste, la CIDH propone un modelo basado en prevención, fortalecimiento institucional, participación comunitaria y reparación integral para las víctimas.
Para el organismo, el éxito de las políticas de seguridad no debe medirse únicamente por el número de capos detenidos o extraditados, sino por la capacidad real de proteger a las comunidades y garantizar derechos humanos.
