Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer las irregularidades en torno a la sentencia individual de los cuatro implicados en la desaparición forzada de la activista mexicano-inglesa Claudia Uruchurtu.
IRREGULARIDADES
De acuerdo con Mejía, durante la conferencia de La Mañanera, en presencia del presidente de la República, explicó que, hace unos días una Jueza dio un fallo condenatorio en contra de cuatros personas, entre ellas, la ex alcaldesa de Asunción Nochixtlán Oaxaca, Lizbeth V.H., por el delito de desaparición forzada.
El día 12 de diciembre se llevó a cabo la “audiencia de la individualización de la sanción”, en el que se darían a conocer los años de sentencia para cada uno de los responsables.
Sin embargo, el subsecretario refirió que, en la audiencia “se advirtió que la jueza pretendía que el Ministerio Público señalara pena para otro delito, no para el delito de desaparición forzada, sino para el delito de desaparición de personas”.
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Lo que implica una diferencia sustantiva, ya que, por el delito de desaparición forzada, la condena va de 40 a 60 años de prisión; mientras que, por el delito de desaparición de personas, la condena es de 2 a 7 años de prisión.
Es decir, según el planteamiento de Mejía, la Jueza intentaba suplantar la condenada e intentaba que, el Ministerio Público señalara pena por un delito diferente al que ella misma había dado el fallo condenatorio, beneficiando, con ello, sustancialmente a los cuatros infractores.
“Este caso lo exhibimos, porque es un caso que generó mucha indignación y además está probado y sentenciadas las personas como responsables. Aquí el punto es que, la Jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó. Sería un caso de impunidad y se recurría si fuera el caso”.
Ante estas irregularidades en el proceso legal, surgen diversas dudas:
¿Por qué la Jueza recurrió a esa acción ilegal, después de haber dado fallo condenatorio por desaparición forzada? ¿Quién le dio la orden? ¿Qué oscuras manos han intercedido en esta acción impune? ¿Sería una falla de razonamiento en la Jueza, así como su falta de conocimientos legales? ¿Si la víctima no se tratara de una activista con doble nacionalidad y que una embajada europea intercediera por ella, se hubiese procedido de la misma manera en el caso? ¿En cuántas ocasiones este tipo de triquiñuelas han sido usadas para librar la justicia?
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