Ruth Zavaleta Salgado
El falso debate que se derivó de esta declaración se concentró en señalar que el mandatario mentía respecto a que sí hay o no médicos suficientes (los hay) o, si podía con- tratar a médicos extranjeros por encima de lo que marca la Constitución en el artículo 32.
No es la primera vez que el mandatario contrata a médicos cubanos, también lo hizo durante el periodo más duro de la pandemia, los costos económicos apenas se empiezan a conocer. Pero tampoco es la primera vez que utiliza un tema que genera polémica para no rendir cuentas sobre otros asuntos públicos. Por ejemplo, el escándalo que se ha generado por la secrecía con la que gasta los recursos públicos. Bajo el argumento de que no puede dar a conocer los datos por “seguridad nacional”, el Presidente y algunos miembros de su gabinete, no rinden cuentas sobre los contratos de obra que están asignando en lugar de concursarlas, tal y como marca la ley.
El debate sobre la contratación de los médicos cubanos, también le ha servido al Presidente y a los responsables de la política de salud pública, para no rendir cuentas, sobre el fracaso de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que suplió al modelo del Seguro Popular (en enero de 2020) bajo el argumento de que iba a ser un sistema que garantizaría la atención médica de calidad y medicamentos gratuitos a todos los ciudadanos.
A partir de esa fecha, el Presidente determinó que, en dos años, el nuevo sistema de salud se consolidaría mediante convenios entre el Insabi y las entidades de la República. Además, los primeros días de febrero, el gobierno federal emitió una convocatoria para contratar a médicos y enfermeras. Se habló de que se habían contratado 80 mil personas como eventuales y que, posteriormente, se les iba a regularizar.
En primer lugar, los médicos de las instituciones de salud pública tuvieron que en- frentar la falta de insumos para atender a los contagiados de covid-19, como resultado de ello, cientos de personas del sector salud, se contagiaron y muchos de ellos ya no se recuperaron y perdieron la vida.
Por su parte, los médicos eventuales no fueron contratados, por lo tanto, no tuvieron prestaciones sociales y cuando se contagiaron y murieron, sus familiares quedaron en la total indefensión. También, las diferentes instituciones de salud pública en toda la República reclamaban la falta de personal y de medicamentos para enfrentar el periodo de mayor problema de la pandemia. Es decir, ni atención de calidad ni medicamentos gratuitos.
Recordemos que, ante esta situación, una tercera parte de los gobernadores se rebelaron contra el gobierno federal y como respuesta encontraron a un titular del Poder Ejecutivo soberbio que los descalificó en las conferencias matutinas. Asimismo lo hizo con los padres de los niños con cáncer que protestaban por falta de medicamentos para sus hijos.
Hoy, otra vez se repiten las descalificaciones, pero contra los estudiantes y médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes el mandatario acusa de no haber colaborado en la etapa más difícil de la pandemia. Ante esto, la institución emitió un comunicado en donde le demuestra al Presidente que fue la propia autoridad sanitaria la que suspendió las actividades de los estudiantes. No obstante, la UNAM participó en la operación médica de la Unidad Temporal Covid-19, de Citibanamex, y colaboró para atender a 9 mil pacientes.
El Presidente de la República, en lugar de considerar la información del comunicado, arremetió doblemente contra la UNAM, ¿cuál es el verdadero propósito de esta embestida contra la universidad? No lo sabemos todavía, pero lo que es obvio es que el sistema de salud pública es un fracaso.
