Las Fiestas de Julio mostraron con toda su crudeza la voracidad, el dolo y el chantaje de dirigentes de organizaciones sociales, capaces de descarrilar la gobernabilidad y la paz social en su afán de conseguir los anhelados recursos frescos para meterse a la bolsa. En días previos a la primera edición de La Guelaguetza, no sólo la ciudadanía local sino los miles de visitantes del país y extranjero que ya abarrotaban las calles, fueron rehenes de bloqueos a la circulación en el Cerro de El Fortín, por parte de dos membretes: el Consejo para la Defensa de las Comunidades Indígenas (Codeci), al mando de Juan Torres Pereda y del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO-Ricardo Flores Magón), encabezado por Miguel Cruz. Ambos exigían la entrega de 20 millones de pesos, según ellos, que el gobierno de Alejandro Murat les ofreció.
La pregunta que muchos ciudadanos se hicieron es: ¿con cargo a qué, el par de sujetos exigían tal cantidad de dinero, sin tener representación alguna o nombramiento de elección popular? Existen en la entidad más de 400 organizaciones sociales o membretes, detrás de los cuales se amparan sujetos sin escrúpulos para extorsionar al gobierno, con el sobado argumento de que habrán de boicotear la fiesta folklórica de Lunes del Cerro o bloquear carreteras o cruceros. Y ése es el petate del muerto con el que espantan y doblegan a las autoridades. El temor que ha existido para aplicar la ley ha permitido que se haya fortalecido la industria del chantaje, la más rentable de las que existen en Oaxaca. Insistimos: ello ha sido posible porque en la política de diálogo y más diálogo, no existe vía para aplicar la ley.
Desde el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, no obstante, las críticas que podamos hacer del mismo, hay algo que le debemos ponderar al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que ha eliminado a los intermediarios para recibir el apoyo de la Federación. Es decir, ha propuesto que los apoyos de su administración lleguen de manera directa a los beneficiarios y no que pasen por los dirigentes de organizaciones para que queden con la mayor parte. Sin embargo, a pesar de tratarse de una instrucción presidencial, en nuestra entidad se siguen los viejos moldes de entregar cantidades millonarias a los vividores de la llamada lucha social, además de etiquetarles obras y muchas canonjías que no se otorgan en ninguna parte del país.
Burdo oportunismo
Los destinos turísticos, además de Oaxaca de Juárez y los Valles Centrales, también han estado sometidos a presiones otros lugares. Es el caso de Santa Catarina Juquila, un destino con un enorme potencial, dado que a lo largo del año llegan al menos dos millones de visitantes que buscan conocer o estar con devoción religiosa, en la Iglesia consagrada a la Virgen de Juquila. Sin embargo, como ya hemos dicho, el oportunismo de quienes mueven a organizaciones y comunidades se pone de manifiesto justamente en esta temporada. Por ejemplo, pobladores de la comunidad de San Marcos Zacatepec, agencia del citado municipio, manejados dolosamente por el abogado Tirso Liberio Ventura y la empleada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Olga Hernández Ramírez, ya tomaron como deporte cerrar la carretera Río Grande-Juquila, por quítame estas pajas. Quieren su tajada de los 20 millones que dicen envió la Federación al municipio, por las afectaciones del huracán “Agatha”.
Hace más de una semana, pobladores de Amialtepec hicieron lo propio en el lugar conocido como “El Pedimento”, con la demanda de que les entreguen recursos que, según sus cabecillas les corresponden. El bloqueo carretero, que se ubicó entre el paraje conocido como “El Vidrio” y dicho lugar de veneración, generó no sólo la indignación de los habitantes de la cabecera municipal que viven del turismo religioso, sino de esos miles de visitantes que se quedaron varados de manera burda y torpe. No es la primera vez que ello ocurre. Otras comunidades han actuado con esa misma mala fe, ahorcando prácticamente entradas y salidas de la población. Con el cierre de la vía a Río Grande y el acceso a la carretera 175, la cabecera municipal quedó prácticamente aislada.
El daño a la economía, a la paz social y a la gobernabilidad que generan los bloqueos carreteros, deben ser vistos bajo el prisma de la ley. Oaxaca –insistimos- jamás podrá salir del marasmo y el atraso en tanto el gobierno siga permitiendo que, por motivos, así sean justos, se aproveche la temporada vacacional para exigir respuesta. Es increíble que, mientras el gobierno estatal pregona estabilidad social y política y publicite las bondades turísticas de la entidad, haya grupos de comuneros manipulados, que obstaculicen la derrama económica. Ya basta de tanta impunidad y de que todo quiera resolverse a través del chantaje y la presión. Lo único que se puede esperar ante la apatía oficial, es que algún día los propios pueblos cobren las afrentas.
