No obstante la buena disposición de las autoridades en ir a fondo para desterrar la violencia por cuestiones de género, los crímenes en contra de mujeres y feminicidios van al alza. Justo el pasado jueves cimbró la consciencia ciudadana el asesinato de una mujer en la zona de Cuilápam de Guerrero. Los hechos se dieron frente a sus hijas, cuando sujetos armados le quitaron la vida. Una de las regiones de mayor incidencia en la violencia contra las mujeres es, justamente, los Valles Centrales. Otra más, el Istmo de Tehuantepec, sin soslayo de que la llamada Alerta contra la Violencia de Género se haya puesto en marcha en cerca de cuarenta municipios de la entidad. Lo paradójico es que el crimen a que hacemos referencia, sin soslayar todos los demás ocurridos en lo que va del año, se haya dado justo al día siguiente de haberse decretado la citada alerta. Por ello criticamos las cuentas alegres que rinden los responsables de la seguridad pública en la entidad y el argumento de que los homicidios dolosos se han reducido sustancialmente. ¿O nosotros estamos equivocados con el conteo cotidiano que llevamos a cabo en nuestras páginas o en el gobierno estatal tienen una forma sui generis de sorprender a la opinión pública?
Desde los tiempos del gobierno de Gabino Cué, Oaxaca se ubicaba en los primerísimos lugares de feminicidios. La inercia se traslapó con el actual gobierno, de tal manera que la estadística ha ido creciendo, no obstante el rechazo de algunas instancias. Hemos insistido en que nada gana la autoridad competente en estar rebatiendo datos. El principio para resolver la problemática es aceptar que existe y sobre esa base fincar las estrategias. Una y otra vez se habla de violencia de género, pero ante la incapacidad para integrar las pruebas de responsabilidad, muchos de los autores materiales e intelectuales simplemente salen libres, como el caso del presunto feminicida de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado en San Lorenzo Cacaotepec. Es decir, las autoridades alientan la impunidad, por torpeza, por ignorancia o simplemente desidia. La violencia contra las mujeres debe ir más allá del discurso; más allá de la demagogia con la que se aborda para dar respuesta a las protestas de grupos y organizaciones civiles que acreditan el nivel de violencia de género existente en Oaxaca y en el país. Las pruebas de que ello no se ha reducido un ápice ahí están.
Anarquía e impunidad
La semana pasada un video se volvió viral: un grupo de taxistas de las unidades que prestan el servicio en la ciudad y área conurbada, que están pintados de azul, tundieron a golpes en multitud y de manera cobarde, a uno de sus compañeros que tripulaba una unidad amarilla. El argumento que esgrimieron los montoneros y energúmenos es que éste había invadido su ruta. La pregunta de indignados ciudadanos con el video fue: ¿Acaso las rutas tienen dueño o quiénes les otorgaron la potestad para asumirse como tales? Nada se sabe hasta el momento de alguna investigación de parte de las autoridades ni, mucho menos, de futuras sanciones. Es decir, el transporte concesionado en Oaxaca tiene un componente indiscutible: la impunidad. Ya lo vimos luego del enfrentamiento en Viguera el pasado 25 de junio. Dos muertos, siete u ocho heridos, pero ningún detenido. Así como este caso hay muchos más. Como jauría llegan sobre sus compañeros que pertenecen a otros sindicatos u organizaciones y golpean, amenazan y matan. Y lo hacen con el pleno convencimiento de que nadie, absolutamente nadie les tocará un pelo. Así devienen las cosas en el transporte concesionado en Oaxaca, en donde se cometen las peores aberraciones.
La ciudadanía oaxaqueña se sorprende cada vez más al ver este tipo de acciones. El video al que hacemos referencia circuló en redes sociales y en cuestión de minutos miles lo habían visto. Ya no hay pues nada qué ocultar. La información que se genera se diluye en un tiempo real. Puede que sin las precisiones como lo difundimos nosotros en este diario el pasado viernes. La violencia en el transporte debe tener de parte de las autoridades reacciones severas. No se trata de solapar conductas delictivas como se hace con taxis foráneos y moto-taxis, sino de aplicar la ley sin distinción. Insistimos: el transporte concesionado en Oaxaca es una ínsula de impunidad y bajezas. Es vox populi que los capos de los sindicatos hacen actividades ilícitas, más allá del supuesto traslado de pasajeros o materiales pétreos. No más amenazas de retiro de concesiones. El lunes 26 de agosto, la titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) padeció en carne propia los excesos, atropellos y violencia de una sola organización. Pero si ello se sigue solapando, ya veremos más adelante reacciones más violentas y hasta criminales. Hechos tan cobardes como la golpiza a un trabajador del volante por otros igual que él, asalariados y explotados, no deben repetirse.
