El municipio es sin duda la autoridad más cercana a la ciudadanía, luego entonces, no es exagerado decir que todo inicia y todo sucede en lo municipal, en lo local, incluyendo las distintas violencias contra mujeres y niñas por demás normalizadas, invisibilizadas, como la violencia política en razón de género, que, como los datos indican, se incrementó en los municipios a raíz de la aprobación del principio de paridad constitucional en 2019, como una clásica respuesta patriarcal ante lo que, en el fondo, muchos hombres misóginos e incluso algunas mujeres siguen considerando una transgresión del orden social heteronormado, donde los hombres son los “dueños” del espacio público y las decisiones políticas y económicas que afectan a toda la sociedad, y las mujeres las “dueñas” de espacio privado y las decisiones del cuidado que afectan el entorno familiar.
La violencia política por razón de género implica graves daños, no solo para las mujeres que deciden ejercer su derecho a la participación política, sino a toda la comunidad al privarla del talento de las mujeres en la gobernanza por ejemplo.
Pese a esto, el avance normativo en la materia rinde frutos y pinta para las mujeres colores de esperanza en el ejercicio de los cargos de toma de decisión el futuro inmediato, así lo revela el reciente e histórico fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo la ponencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, al anular la elección de ayuntamiento en Iliatenco Guerrero, por acreditar violencia política de género contra una candidata a presidenta municipal en el reciente proceso electoral, a través de pintas con frases no solo ofensivas en abstracto, sino ofensivas en razón de que la contendiente era una mujer: “Ninguna vieja más en el poder”, “Es tiempo de hombres”, “Las mujeres no saben gobernar” y “Las viejas no cirben (sic)”
A decir de la resolución, este contenido presentaba a la víctima y a sus congéneres, como incapaces de gobernar por ser mujeres, propiciando también la idea de que ellas no deben estar en los cargos, lo cual influyó en la opinión de las y los electores de manera diferenciada, ante los candidatos hombres. Esta situación lamentablemente se había repetido en rincones de todo el país, pasando muchas veces, inadvertida, pero ahora que podemos mirarla y actuar desde un marco jurídico que sí incorporó la perspectiva de género feminista, el panorama es más prometedor. Gracias a Magistradas como Mónica Soto y Janine Otálora las mujeres nos podemos sentir más esperanzadas.
Hace ya algunos años cuatro mujeres (encabezadas por la Profesora Agustina Castellanos) por primera vez gobernaban San Felipe Zihualtepec, agencia mixe de San Juan Cotzocón regida por el Sistema Normativo Indígena, fueron destituidas del cargo en una asamblea ilegal y, seguidores de la autoridad saliente e inconforme fueron azuzados a tapizar paredes de letreros en doble sentido y directos: “Aquí apesta a puro camarón”, “Las viejas no nos van a mandar”, “Deben irse a trapear su casa”, “De gobernar no saben nada”. Tras un ambiente de tensión, agresión incluso física, amenazas y acoso constantes, después de pasar por la instancia estatal y la Sala Xalapa, fue la Sala Superior del TEPJF quien determinó restituirlas en el cargo.
Ambos casos se revisten de importancia y se tornan en referentes en el tema de la impartición de justicia con perspectiva de género e interculturalidad. En el caso de la Profesora, la y los Magistrados electorales argumentaron que no se respetó el derecho de audiencia de la agente municipal e integrantes del Cabildo de San Felipe Zihualtepec. La sentencia señaló en su momento “un contexto de violencia política de género que hace permisivo el trato denigrante hacia las mujeres en el ejercicio del cargo en cuestión”. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis del contexto es fundamental en el juzgamiento con perspectiva de género. Enhorabuena por estos pequeños pero grandes logros impulsados por la agenda feminista.
