Estamos ya en el período de veda electoral. Del 4 de febrero al 10 de abril, en virtud del controvertido proceso de revocación de mandato del presidente de la República. Esta veda se empalmará con la que marca la ley, del 3 de abril al 5 de junio, respecto al proceso electoral ordinario para elegir gobernador del estado. Deberá suspenderse toda propaganda gubernamental y eventos en los que se promuevan acciones sociales. Se trata de un período de casi cuatro meses. Un duro revés para la administración estatal que, como ya hemos comentado, se verá acotada para realizar decenas de programas previstos en el Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022. Los mismos serán suspendidos o diferidos, para evitar que ejecutivo o funcionarios se hagan acreedores a sanciones de parte de los órganos electorales o jurisdiccionales.
Aunque dicha norma ha sido vigente para evitar que la publicidad o propaganda gubernamental influyan en la conciencia ciudadana al emitir su voto, se contrapone a la esencia del Artículo 6º., de nuestra Carta Magna en lo que se refiere a que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Igual, al principio de máxima publicidad, que conmina a los poderes, órganos autónomos, partidos políticos y otros, que utilizan recursos públicos, a informar de los mismos, habida cuenta de que el ciudadano tiene derecho a saber. Sin embargo, más allá de ello, esta doble veda que se prolonga de manera inédita en nuestro entorno político, se da, justamente, cuando el ejecutivo estatal trabaja a marchas forzadas para cerrar a fines de noviembre su período constitucional. Es posible que, ante la imposibilidad de informar, pocos se enteren del avance de las obras relevantes que están en marcha o de los atrasos en las mismas. Si se cumplirán las promesas presidenciales o se quedarán sólo en ofrecimientos fatuos sin concretarse.
Lo que se espera es que la prolongada veda electoral no se traduzca en una atonía gubernamental, como ocurrió en los tiempos iniciales de la pandemia, con oficinas cerradas y funcionarios ausentes, haciendo sólo home office. Sino que en el equipo gubernamental haya conciencia de que el tiempo para el cierre es breve y, por tanto, cada servidor público, en su ámbito de competencia, debe imprimir su mayor esfuerzo. Esto es, que exista el verdadero trabajo en equipo, con lealtad, compromiso y vocación de servicio hacia los diversos sectores sociales oaxaqueños, para cerrar este ejercicio con la misma enjundia con la que inició el ya lejano primero de diciembre de 2016.
Solución concertada
La contaminación de ríos y afluentes en el estado, es un asunto serio. Pero, se ha soslayado en las políticas públicas. Representa un tema preocupante de salud para la población. Datos aportados en la comparecencia de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías Renovables y Desarrollo Sustentable, la semana pasada, ante la Comisión respectiva en el Congreso del Estado, no admiten dudas. Estamos ante un verdadero desafío. Los ríos Atoyac y Salado, reciben 86 descargas directas de aguas negras de 54 municipios, lo que equivale a 345 litros por segundo. Pueblos istmeños, como Juchitán de Zaragoza y otros, han insistido una y otra vez en la contaminación del Río de los Perros, igual que lo han hecho en la Cuenca, por los desechos peligrosos que se vierten en la corriente del Río Papaloapan. Sin embargo, a pesar de existir una dependencia responsable, se carece –suponemos- de capacidad económica o voluntad política para emprender acciones preventivas o, en su caso, punitivas.
Uno de los factores que sigue en la agenda de gobierno, sin resolverse, es la inoperancia de las llamadas plantas de tratamiento. Muchas de ellas resultaron un fraude. No existe un diagnóstico que revele con claridad su situación actual. La hay dispersas en decenas de municipios, pero inservibles. Son elefantes blancos. Poco se escucha de este tema en informes de gobierno o proyectos. La apatía oficial es insultante. Por ello, algunas organizaciones civiles han tomado el asunto de la contaminación para buscar una solución. Lo grave es que luego se cuelan falsos ambientalistas. Sin embargo, el deterioro del medio ambiente y la contaminación de ríos y afluentes debe verse desde una perspectiva integral. Difícilmente el municipio de Oaxaca de Juárez podrá resolverlo por sí solo, si no es con el apoyo de la Federación y el gobierno estatal. Además, claro, de la coordinación de los gobiernos municipales de las poblaciones que descargan sus aguas negras.
Esperamos que para la administración estatal que viene o los gobiernos municipales que recién llegaron, este tema no sea sólo para crear falsas expectativas en los planes de desarrollo, sino compromisos tácitos con la población y el medio ambiente. Mucho hemos perdido por desidia y abulia. Se trata de preservar con dignidad y decoro lo que nos ha dado la naturaleza. Compete a gobierno y sociedad civil poner cada uno su grano de arena para una cruzada en favor de nuestros ríos, afluentes y entorno natural.
