El lunes 17 de mayo, un grupo de estudiantes –la mayoría mujeres- de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, tomaron por asalto la caseta de cobro en la autopista que comunica a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Luego de estar exigiendo cuotas a los automovilistas y transportistas se enfrentaron con elementos de la Policía Estatal y anti-motines. La agresión de los primeros en contra de las corporaciones no fue menor, dado que se hizo con petardos, cohetones y bombas Molotov. En una acción coordinada, dichas corporaciones los replegaron dando como resultado la detención de 95 vándalos. También se les decomisaron vehículos con objetos explosivos y fueron liberados operadores de autobuses retenidos de manera ilegal. Pero, ¿quién mece la cuna de tan temerarios estudiantes que se asumen intocables desde los acontecimientos de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa?
Diversas fuentes revelan que los mismos que han manejado aquí a los vándalos son los que estuvieron detrás de los normalistas de Chiapas. Se trataría de grupos radicales de la Sección 22, principalmente la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que lideran Rogelio Vargas Garfias y Zenén Bravo Castellanos, por un lado y, por el otro, los franquicitarios del Frente Popular Revolucionario (FPR), que encabeza Germán Mendoza Nube y Macario Otalo Padilla. Todos ellos son ampliamente conocidos por sus posturas radicales y temerarias en contra del Estado, aunque vivan del mismo. Si bien fracasaron en su primer intento hace al menos tres semanas, cuando mantuvieron contra la pared a la ciudadanía con bloqueos y el cierre de los accesos al Aeropuerto, volvieron a mover a sus jóvenes mercenarios el pasado jueves, para que en una marcha para protestar sobre la supuesta “represión” en Chiapas, causaran cuantiosos daños en comercios particulares y edificios públicos.
La sociedad oaxaqueña exige al gobierno de Alejandro Murat actuar en consecuencia y no permitir que estos actos de provocación sigan creando el caldo de cultivo de la ingobernabilidad y atentados a la paz social. Los instigadores están perfectamente identificados. La pregunta es: ¿qué esperan para ir por ellos? Oaxaca no puede convertirse en otro 2006, porque un grupo minoritario de enfermos de la izquierda, alentados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su principal operador, el senador Salomón Jara, sigan atentando en contra del clima de libertades de los oaxaqueños.
Violencia política
Pese a los constantes llamados a la civilidad, a la urgencia de un proceso electoral libre de violencia y de que candidatos, partidos y simpatizantes se conduzcan por la vía de la legalidad, Oaxaca figura ya en el entorno nacional como una entidad en la que se han dado casos graves de violencia político-electoral. La agresión criminal que padeció el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia municipal de Maricala de Juárez, Hugo Jairo Hernández, el pasado martes, en donde resultó gravemente lesionada su pequeña hija, es un caso más a este violento proceso que estamos viviendo y que tendrá su corolario el próximo seis de junio. Desgraciadamente no ha sido la excepción, pues hay casos que incluso han sido abordados por los medios de comunicación nacionales para ubicar a nuestra entidad como territorio de riesgo.
Vale la pena recordar que este proceso se empañó desde el pasado 20 de marzo, cuando sujetos armados ejecutaron a quien se perfilaba como la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, por el Partido Acción Nacional (PAN), Ivonne Gallegos Carreño. La agresión armada fue en un paraje solitario de la carretera 175, entre dicha población y la capital oaxaqueña. En el evento resultó herido asimismo, el chofer de la camioneta, quien falleció al menos dos semanas después de estar internado por la gravedad de las heridas. El panorama de violencia se agudizó con la ejecución –ésa es la palabra- de Leonardo Díaz Cruz, ex presidente municipal de Ejutla de Crespo por el mismo partido político, además, padre de la dirigente estatal de dicho instituto político, diputada federal y aspirante a un cargo de elección popular por la vía plurinominal, Natividad Díaz Jiménez.
Dado el carácter violento en que se han dirimido las elecciones particularmente las municipales, es prudente que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y llamen a partidos y participantes a conducirse con civilidad, llamando también a sus seguidores a llevar a cabo una jornada electoral sin violencia y en apego a derecho. Es evidente que este proceso, considerado como atípico y singular por las condiciones sanitarias que vive el mundo y el país; bajo medidas estrictas para evitar el mal que tantas muertes ha causado, no será uno más. A ello hay que añadirle su perfil violento e intolerante, gracias al encono y odio que prevalece en las altas esferas del poder público. Y eso es muy grave para la democracia mexicana.
