No es un secreto –y aquí lo hemos publicado- que los y las diputadas de la LXIV Legislatura del Estado, se autorizan presupuestos extraordinarios, sin justificarlos con iniciativas, decretos, leyes o puntos de acuerdo, que validen el trabajo para el que fueron electos por el mandato popular. Tampoco es un misterio que, en el afán de auto-asignarse sumas millonarias, sin que nadie les ponga freno, soslayan a menudo la necesidad de dependencias y entidades que reclaman presupuestos justos al papel que desempeñan o, ante una emergencia. Y es el caso de los Servicios de Salud en el Estado (SSO), cuyo titular, Juan Carlos Márquez Heine, según lo publicamos la semana pasada, solicitó una ampliación presupuestal de al menos 1 mil 600 millones de pesos. Y al funcionario no le hace falta razón. Oaxaca vive ya la tercera ola de Covid-19 y ésta sigue afectando a la sociedad.
¿Qué argumentos en contra pondrían nuestros flamantes representantes populares para negar dicha autorización si, como ya hemos dicho, en menos de tres años han sangrado al erario del pueblo oaxaqueño con más de 2 mil 070 millones de pesos? Se trata, sin duda, de una penosa paradoja. Gastar a manos llenas del presupuesto y los impuestos de un pueblo con grandes rezagos, como es Oaxaca, para sus particulares intereses políticos, es un crimen de lesa humanidad. Lo es, asimismo, que haya una total inconsciencia respecto a las penurias que implican la falta de medicamentos, equipo médico, así como el obligado avituallamiento que se requiere en la estructura hospitalaria del estado que, como hemos comentado en editoriales anteriores, fue desconvertida a sus labores habituales.
La crítica a nuestra onerosa e improductiva legislatura no ha sido ociosa. No lo decimos solamente nosotros. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), lo ha repetido una y muchas veces. La diputación local oaxaqueña es una de las más onerosas en el país. Un club de 42 notables se chuta al año cerca de 800 millones de pesos. ¿No es justo que respondan a una situación de emergencia, luego de un penoso lastre de cerca de 4 mil oaxaqueños que han sucumbido por la pandemia de Covid-19? Por supuesto que la petición de los SSO es justa y necesaria. No se trata de un artificio. Estamos en una nueva etapa de emergencia sanitaria en la que ya no valen los argumentos falaces de la austeridad republicana ni el doble discurso.
Obras: Oportunas y urgentes
Hace un par de semanas el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, sostuvo en entrevista con este diario que el calendario de obras para lo que resta de la administración de Alejandro Murat no se puede detener. Y tiene razón. El ejecutivo ha tenido durante su gestión, como se dice vulgarmente, el Santo de espaldas, pues al menos los tres primeros años fueron de tragedia, de reparación de daños y restauración. Hay que recordar solamente la sequía, las inundaciones, los sismos y otros siniestros, en 2017. La rehabilitación de los daños durante 2018 y los rezagos en 2019. Más aún, el sismo del 23 de junio de 2020, ya en curso la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, que ha frenado hasta hoy cualquier intento de resarcir la economía y activar las funciones de gobierno con plenitud. En fin, todo ello ha impedido el despliegue de una política que contribuya a que exista hasta hoy, una obra emblemática de la actual administración.
Llama la atención que ya no se mencione una de las obras que, podíamos decir, se habían etiquetado como emblemáticas de esta administración: el Libramiento Sur, que tiene asignado –según se sabe- un presupuesto de 800 millones de pesos. Se trata de una obra que permitiría aliviar el tráfico brutal y los cuellos de botella que se generan a todas horas, en ciertos rumbos citadinos, como la zona del Mercado de Abasto, el Periférico o la Calzada Niños Héroes de Chapultepec, por mencionar sólo algunas. Es decir, tracto-camiones, unidades grandes de transporte, camiones cisterna y otras que obstaculizan el tráfico, evitarían pasar por calles céntricas y, en su ruta al Istmo, la Costa o estados como Chiapas, transitarían sin el menor problema. Desde luego que ello implica un costo brutal en pago de derecho de vía y muchos gastos adicionales para liquidar a los vecinos de una treintena de municipios. Sin embargo, dicha obra ya no se menciona.
Hay al menos tres que tienen que llevarse a cabo a la brevedad, antes de que se cierre esta administración y se queden a medias, como es el caso del Centro Cultural, que se edificará en donde estuvo el Teatro “Álvaro Carrillo”; los ocho carriles que se propone este gobierno construir en la Avenida Símbolos Patrios y el Centro de Convenciones en Huatulco. Pero el tiempo apremia y no hay que darles demasiadas largas.
