Una y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué detiene al gobierno estatal para aplicar la norma, cuando existen grupos, organizaciones o cofradías que, por sus pistolas, conculcan el derecho a la libre circulación y con la careta de libertad de expresión, atropellan los derechos civiles de terceros? Los oaxaqueños, desde hace mucho hemos dicho ¡basta! Existe, desde hace al menos cuarenta años, una agresión constante hacia la ciudadanía oaxaqueña. Ora por plantones en el Centro Histórico, ora por el cierre infame de escuelas y ausentismo escolar, rezago y pérdida infame de tiempo, en detrimento de la dualidad enseñanza-aprendizaje, perpetrada por un magisterio ignorante, pero excesivamente politizado. En los últimos años y, sobre todo, a partir del 2006, dicha “protesta” se ha convertido en un serio desafío al Estado de Derecho y al clima de libertades que nos otorga nuestra Constitución.
En años recientes, la forma que se le da al derecho de manifestación, es la agresión a la ciudadanía inerme. La golpiza a empleados a trabajadores y empleadas, el secuestro, el encierro, la toma de oficinas, el incendio de papelería o muebles, etc. Y esas malas costumbres se han extendido. Vecinos del municipio más remoto y marginado llegan a la capital a hacer de las suyas, para retornar al mismo, muriéndose de risa de lo que hicieron, bajo consigna de sus manejadores. Lo mismo los habitantes de Santo Domingo Teojomulco que Santa María Teopoxco, que maestros, normalistas, organizaciones sociales u otros grupos de presión, se han tasado en lo mismo. El dinero público que exigen sus dirigentes. El bloqueo perpetuo de la Terminal de Autobuses de Primera Clase o las casetas de cobro, son los principales puntos a los que hay que atacar, impunemente.
En sentido contrario a lo que haría cualquier gobierno, el nuestro se encoje de hombros. La tendencia es dejar hacer y dejar pasar. Nadie mueve un dedo para intervenir. Es el caso de los beligerantes y violentos del membrete denominado Comité para la Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), que en plena contingencia sanitaria agredieron a la ciudadanía oaxaqueña, con bloqueos, toma de autobuses y acciones violentas. ¿Bajo qué estatuto el gobierno no intervino para proteger los derechos ciudadanos? ¿Cuál es el temor, el miedo o la vacilación? Oaxaca requiere que sus gobernantes actúen conforme a derecho; que apliquen la ley y la norma, tal cual lo juraron al hacerse cargo del gobierno.
Corresponsabilidad ciudadana
Hacerle frente al posible contagio del coronavirus o Covid-19, no es sólo responsabilidad del gobierno federal o estatal, sino una labor de corresponsabilidad que involucra directamente a la ciudadanía. Ésta tiene que ser el mejor antídoto para preservar la vida e integridad física del propio ciudadano y de su familia. Hacerse por sus propios medios de material de aseo, gel antibacterial, cubre-bocas, alcohol y esperar a que pasen los efectos más letales, tomando el resguardo en casa como una especie de confinamiento domiciliario voluntario. Estamos de acuerdo en que la vida tiene que continuar. Todos tenemos que trabajar y ganarnos el sustento diario, porque ninguno de los órdenes de gobierno nos podrá mantener. Sin embargo, ello deber ser siempre que se guarden las condiciones necesarias de aseo y protección que coadyuven a que el mal no se disemine.
Un foco de contagio, por ejemplo, es el transporte público que es, además, una fuente de trabajo para cientos de oaxaqueños. Nos referimos a los autobuses urbanos, foráneos y taxis que hacen el servicio entre capital y poblaciones cercanas. Las unidades se cuentan por miles en el interior del estado. Hay una invitación de la Secretaría de Movilidad (Semovi), para que cada empresa o concesionario desinfecte y limpie sus unidades. Ello se ha hecho parcialmente. No se requieren medidas punitivas para cumplir con dichas recomendaciones, sino crear en los operadores y propietarios consciencia respecto a la importancia que tiene la corresponsabilidad. Es decir, de la misma forma en que la ciudadanía ha optado por no salir de sus hogares, por temor a los contagios, el transporte debe actuar en consecuencia con los usuarios y sus operadores. No es una tarea ociosa. Es una responsabilidad.
Suponemos que no hay que llegar a medidas extremas, en tanto se estén cumpliendo las medidas de prevención. Ello podría trastocar el ambiente de civilidad que, salvo excepciones, ha prevalecido. Tampoco se trata de vulnerar el derecho de todos a ganarse la vida. Cerrar mercados, poner en obligada cuarentena, restringir circulación en calles y avenidas y otras, deben ser instrumentos paulatinos. Lo anterior debe ir en función de la forma en la que cada quien asuma su papel y responsabilidad. Es prudente respetar las medidas de prevención, antes de que las mismas se endurezcan con todo lo que ello implica para una entidad como la nuestra.
