Una de las primeras tareas que se propuso el nuevo gobierno fue devolverle la dignidad al Centro Histórico de la capital oaxaqueña, plagada de comerciantes en la vía pública, grupos de presión y protesta, así como indígenas presuntamente cautelados que se apropiaron desde hace 12 años de los pasillos del Palacio de Gobierno. Desde un par de días antes de la toma de posesión del nuevo gobernador, algunas organizaciones que desde hace años ocupaban calles y banquetas, como la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), “Sol Rojo” y otros, empezaron a levantar sus puestos, en un intento –se dijo- de no obstaculizar la entrada y salutación de Salomón Jara Cruz a sus oficinas del citado Palacio. Sin embargo, hubo grupos que se aferraron a no salir, como fue el caso de los triquis, supuestos desplazados de San Juan Copala que, desde 2010 se asentaron en el referido espacio, con el pueril argumento de que gozaban de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la CNDH.
Por la madrugada del 2 de diciembre, Policía Estatal y Municipal, con la participación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), desalojaron a poco más de una veintena de mujeres triquis, manejados por una decena de líderes entre ellos: Lorena Merino, Reyna y Jesús Martínez, quienes habían convertido a dicho espacio público en un jugoso negocio. Los jenízaros encontraron ahí no sólo colchones en donde dormían, utensilios de cocina, además de marihuana y hasta alcohol adulterado. El desalojo, largamente esperado por la sociedad oaxaqueña fue aplaudido. Se trata de un acto de gobierno que fue ignorado totalmente por las dos administraciones anteriores.
Las indígenas, no obstante, hicieron borlote y medio para defender aquello que sus líderes les habían dicho que era suyo. El pasado viernes por la tarde, jalonearon y golpearon a un funcionario de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, el zócalo luce hoy en día como fue antaño: luminoso y digno corazón de la capital. En redes sociales la ciudadanía exige al gobierno estatal y su contraparte municipal, evitar una nueva invasión y promover el retorno de los triquis a sus comunidades de origen. Nada tienen que hacer aquí. Estamos en vísperas de los festejos navideños cuando había que negociar con ellos para que se retiraran, a cambio de fuertes sumas de dinero. Eso, definitivamente, no debe repetirse.
Mano firme en bloqueos
De la misma manera como se actuó con quienes mantenían secuestrado el zócalo y parte del Centro Histórico hay que ir a fondo en contra de aquellos que, por intereses personales, atentan en contra del libre tránsito, de los derechos fundamentales y de la economía. Nos referimos a quienes por quítame estas pajas bloquean carreteras, cruceros y oficinas. Por ejemplo, durante dos días un grupo de supuestos agricultores de Santa María El Tule, mantuvieron cerrada la carretera 190, justamente bloqueando la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex). El cabecilla de dicha acción fue identificado como David Matías, presunto Comisariado de Bienes Comunales e integrante del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad (STEUABJO). La petición –según trascendió- es que al sujeto referido le proporcionaran un tractor para emplearlo en su parcela. Esto es: una exigencia absurda, personal y hasta ilegal, vino a provocar serios problemas a miles y miles de transportistas, automovilistas, pasajeros y demás.
Tanto el nuevo gobernador como su Secretario General de Gobierno, Jesús Romero López han mencionado que en esta administración se habrá de privilegiar el diálogo. Y es correcto. Lo que no se ha dicho es lo que la autoridad hará ante este tipo de atropellos, los cuales se han vuelto algo común, afectando el clima de libertades que nos otorga como mexicanos nuestra Carta Magna. El bloqueo carretero se ha convertido en instrumento de personas sin escrúpulos para intimidar o chantajear a las autoridades. Desde diversos foros, ciudadanos, empresarios, empleados, estudiantes y padres de familia, han exigido al gobierno poner orden y acotar a aquellos extorsionadores que sólo buscan el beneficio personal.
Lo hemos dicho una y otra vez: Oaxaca jamás saldrá del rezago y el atraso, en tanto se sigan permitiendo este tipo de atrocidades, de atropellos y abusos en contra de la población civil. No se trata del uso de la fuerza sino, asimismo, de la aplicación de la ley. No se justifica que porque las autoridades no pueden dar una respuesta haya que cobrársela al pueblo inerme. Eso es un acto de cobardía. Jara Cruz –y mucho hemos insistido en este tema- debe sentar un precedente de autoridad y no seguir anclado en fantasmas como el 2006 o el affaire de Nochixtlán, que ató de manos de manera voluntaria al ex gobernador. El pueblo oaxaqueño urge de una nueva política que no soslaye la aplicación de la norma.
