Sin duda alguna, una buena iniciativa del gobierno de la ciudad ha sido el arranque del cambio de luminarias. Como lo hemos comentado en otros espacios, ya era urgente darle a nuestra capital no sólo una nueva imagen sino dotarla de una red moderna de iluminación, que contribuya asimismo a la seguridad. Los comentarios que hizo la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, al subir el switch del nuevo programa de luminarias, en el sentido de que la inversión autorizada por el Banco Mundial a dicho proyecto, se inscribe en la confianza de la banca de desarrollo para proyectos de energías sustentables.
El citado proyecto, ya puesto en marcha, constituye además, una bocanada de aire fresco a nuestra capital, que no ha sido receptora durante los últimos años de proyectos de gran envergadura. Hay que recordar que el crecimiento de la mancha urbana; la proliferación de colonias y asentamientos populares; la invasión indiscriminada de laderas y barrancas, ha creado la imagen de una ciudad con problemas complejos como las grandes urbes: caos vial, contaminación, ruido, anarquía, entre otros. Un ejemplo es el Centro Histórico, que no obstante los buenos oficios del ayuntamiento capitalino, que preside Oswaldo García Jarquín, para regular el comercio en la vía pública, éste persiste ante la cerrazón de dirigentes y hampones que consideran los espacios comunes, como si fueran de su propiedad.
Si bien es cierto que el costo del proyecto del cambio de luminarias es elevado y el crédito será pagado en muchos años, también es cierto que bien vale la pena darle a la capital oaxaqueña un aliciente de modernidad. Como comentamos en editoriales pasados, la ciudad de Oaxaca de Juárez, ha sido catalogada como una de las ciudades más bellas, no sólo de México sino del mundo. He ahí el por qué sigue recibiendo infinidad de reconocimientos, a su entorno cultural, gastronomía, belleza y tradición.
No podemos ignorar que si bien el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgado por la UNESCO, ha estado en entredicho, justamente por el vandalismo y el afán depredador de maestros y organizaciones sociales, proyectos de gran envergadura como el que nos ocupa, contribuye a fortalecerlo. Dicha distinción cumplió recientemente 32 años de haberse otorgado y compete a ciudadanía y gobiernos, estatal y municipal, la corresponsabilidad de mantenerlo.
Negligencia legislativa
Desde el mes de agosto, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), Juan Gómez Pérez, concluyó su periodo estatutario como tal en dicho órgano garante. No obstante el tiempo transcurrido, la LXIV Legislatura del Estado, instancia que tiene la obligación de designar al sustituto, no lo ha hecho. La comisión respectiva, que preside la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Mendoza, no obstante los cuestionamientos que se han hecho en los medios de comunicación, ha resultado omisa al respecto.
Los oaxaqueños esperamos que la designación del nuevo comisionado no obedezca a fines partidistas, porque desde la creación del órgano garante en Oaxaca, siempre ha sido la tentación partidaria de ubicar ahí a incondicionales o alfiles. Se espera pues que los y las legisladoras dejen atrás sus afanes de predominio y ponderen la experiencia, la capacidad, la formación profesional. La transparencia, pese a la forma tan superficial y torpe en la que ha sido vista por el gobierno de la Cuarta Transformación, es una conquista ciudadana. Tal vez quienes hoy están en el candelero no lo sepan, pero desde la formación del llamado “Grupo Oaxaca”, los órganos garantes se perfilaron como instituciones despojadas de fines partidistas.
La negativa de esta legislatura para aprobar el nuevo comisionado (a) del IAIP, ha llegado ya a los medios nacionales. Nada, absolutamente nada justifica la dilación, habida cuenta de que se trata de un elemento de un órgano colegiado, necesario para mantener el equilibrio en las decisiones, pero sobre todo, para seguir alentando en Oaxaca y la administración pública de los sujetos obligados, el fin de la opacidad y la necesaria rendición de cuentas.
Recordemos que fue entre los años 2000 y 2002, cuando a nivel nacional se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reconocida en su momento, como una lucha que llevaron a cabo académicos, periodistas, editores, investigadores, etc., para acabar en el país con la opacidad y la discrecionalidad. Ahora que el llamado de la 4T va sobre los órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), hay que recordarle que este organismos como los estatales, no fue creación del gobierno sino de la sociedad civil. Será una de las peores aberraciones, como muchas que se han dado en estos once meses, tratar de desacreditar a dicho órgano.
