A escasos tres días de que se lleve a cabo la primera y segunda presentación de nuestro evento folklórico más importante, La Guelaguetza, sigue en el imaginario colectivo como algo negativo, la perniciosa reventa y especulación de los boletos de entrada para dicho evento. En efecto, este año, luego de haberse suspendido dos años con motivo de la contingencia sanitaria, se convirtió en un verdadero escándalo el hecho de que en ciertas plataformas digitales se hayan ofrecido boletos en venta en la friolera 30 y hasta 47 mil pesos. ¿Acaso es el Premio México de la Fórmula 1? ¿O es el Super Bowl? Sin ánimo de descalificar ha sido durante la actual administración gubernamental cuando el citado evento folklórico ha tomado visos de ser un boyante negocio. Es más, como ya lo hemos comentado en espacios anteriores, hasta el Palco “C”, que históricamente fue confinado para la población abierta en acceso gratuito, fue comercializado con el ardid de que hay una gran demanda.
La reventa y especulación grotesca con los boletos de entrada han sentado en este año un pésimo precedente. Varias agencias de viajes notificaron haber recibido cancelaciones en virtud de la imposibilidad de comprar boletos a precios razonables. Es decir, la Secretaría de Turismo estatal, responsable de la organización del referido evento y de la comercialización del acceso, debió prever dicha situación o, al menos, buscar una plataforma de venta que evitara la adquisición y acaparamiento de los boletos, de tal manera que diera la oportunidad de piso parejo, tanto a los mayoristas como a los ciudadanos comunes y corrientes que pasaron la noche en vela el primer día de venta. Pero no. Nada justifica que, como se dijo en días pasados, los boletos de venta fraudulenta serían cancelados, pues a quien se afecta doblemente es a quienes cayeron en la trampa de los especuladores.
Se trata, lamentablemente, de una situación irremediable. Es el último evento de esta naturaleza que le corresponde hacer. Por tanto, ya no habrá más. Sin embargo, el mal precedente que ha sentado entre el turismo nacional y extranjero, debe servir para que el gobierno que entra en funciones el próximo primero de diciembre, tome sus providencias para la preparación de la próxima temporada. Lo dicho: en este mes de julio, hay muchos vivales que querrán hacer su agosto.
Evitar abusos
Las Fiestas de Julio, dicen los que saben del tema, han sido vistas –y más en este año, luego de dos de pandemia- como una bocanada de aire fresco para la industria turística en general, es decir, no sólo los hoteles, restaurantes, mercados, agencias de viajes, transportadoras, taxis, tiendas de artesanías, sino todo un contexto que involucra a miles de trabajadores y empleados de servicios, pequeñas empresas familiares y a miles de artesanos de comunidades como San Martín Tilcajete, Santa María Atzompa, Teotitlán del Valle, Santa Ana del Valle, San Marcos Tlapazola y decenas más. Adicionalmente, también a quienes expenden sus productos en las rutas para las zonas arqueológicas, como Santa María El Tule, Tlacolula de Matamoros, la Villa de Mitla, Santiago Matatlán, así como a las poblaciones que se ubican en la ruta a Monte Albán. Sería muy largo decir, que la derrama económica beneficia a muchos, unos más que otros.
Por ejemplo, no es lo mismo la derrama en ferias gastronómicas de cocina tradicional a los restaurantes de lujo, en donde para tener el servicio hay que solicitar cita y pagar cantidades imposibles para el oaxaqueño común. Como es el caso de la reventa de boletos. Pese a ello, desde el inicio de la temporada vacacional se empiezan a ventilar casos de abusos entre quienes prestan el servicio en los diversos rubros. Sobre venta de boletos aéreos, falta de atención, cobros excesivos, negocios de alimentos que no desglosan la nota de consumo y se aprovechan de los extranjeros. Las fondas en mercados que no cuentan con cartas con precios de sus productos; artesanos que venden artículos que no son de Oaxaca, sino imitaciones; antros que venden mezcal de tercera y no el que ofrecen en sus cartas; mezcalerías que venden la copa o la botella a precios oro, etc.
La pregunta es: ¿y quién verifica estos abusos que se cometen contra los visitantes del país o el extranjero? Lamentablemente nadie. Es decir, la voracidad y el mal precedente que sientan sobre el turismo, van de la mano con la apatía de las autoridades y la impunidad de quienes cometen abusos. No existe, ni en la Secretaría de Turismo estatal o municipal, al igual que en los destinos de playa o comunidades de gran afluencia, un área que verifique que no se abuse en contra de los visitantes o que impongan medidas punitivas o sanciones a los voraces y abusadores prestadores de servicios.
