Hace un par de meses, a lo máximo, nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), cambió de rector. Quien se desempeñó los últimos seis años, lo hizo dos más en virtud de la emergencia sanitaria que vivimos. Sin embargo, con las presiones y problemas internos, toma de rectoría, cierre de instalaciones y exigencias sindicales, la institución ha sobrevivido. Muchos nos preguntamos cómo lo ha hecho, teniendo encima a grupos porriles, siete sindicatos, familias completas perviviendo del erario universitario y, hasta viejos caciques que han medrado del mismo desde los años setenta. A todo ello hay que agregar la influencia nociva de políticos y funcionarios gubernamentales; partidos políticos y otros, que han contaminado la vida universitaria.
Desde los años ochenta y gracias a la complacencia de ciertos gobiernos, para mantener tranquila a la institución, se han dado casi en usufructo a los grupos de poder, escuelas y facultades. Es decir, ellos quitan y ponen autoridades o, en el caso del poder central, cada grupo, sindicato o familia tiene su cuota de poder. En pocas palabras, la UABJO ha sido patrimonio de unos cuantos siendo una institución pública, la más socorrida para miles de jóvenes que cada año acuden a presentar su examen de admisión para diversas carreras. El cinismo, la voracidad y el caminar al filo de la ley ha hecho de la matrícula, el negocio de dos o tres grupos que lucran con la necesidad de quienes intentan ingresar. Así, los espacios para la Facultad de Medicina se cotizan arriba de los 200 mil pesos. En la Facultad de Derecho, la cuota es menor.
Desde hace al menos un mes, el Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración eligió como director al maestro Gerardo Velasco Soriano. Con todo el apoyo de directores y sector académico, el también catedrático de dicha institución llegó a poner orden. Sin embargo, afectó intereses de grupo al exigir que el dinero que se recauda en la misma, cuya matrícula es el 25% de toda la universidad, fuera manejada por la citada institución. Ello no agradó a los caciques que están agazapados e inició la desestabilización. Según fuentes internas, el rector recientemente ungido quería imponer ahí a alguien de su confianza y deponer al actual director. De ahí vino la respuesta y la toma de las instalaciones universitarias, con el consecuente daño colateral a los aspirantes de nuevo ingreso que presentarían su examen de admisión.
Fincar responsabilidades
Al fin, lo que la ciudadanía ha exigido al edil de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, parece que está en vías de cumplirse: que las autoridades competentes llamen a cuentas al ex presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, para que informe sobre el quebranto financiero que hoy padece el ayuntamiento de la capital, que rebasa los 386 millones de pesos. Si bien es cierto que, como lo dijo el actual edil, los adeudos se vienen arrastrando desde hace al menos cinco administraciones, no se compara lo que todos ellos juntos dejaron, con el boquete financiero que dejó el primer presidente municipal emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). No es un secreto para ningún ciudadano de la capital el fiasco de gobierno que dicho personaje desempeñó durante el trienio de 2018 a 2021.
El actual edil ha encontrado evidencias, luego de que recurrió a las entidades tanto federales como estatales, tales como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), además del órgano interno de control, para encontrar la hebra de los desvíos de recursos, gastos excesivos en nómina, así como el origen de tantos adeudos que por cientos de millones de pesos dejó García Jarquín. En redes sociales ha trascendido, por ejemplo, que, a una conocida empresa oaxaqueña, que les surtía gasolina a camiones recolectores de basura y patrullas, se le adeudan todavía alrededor de 32 millones de pesos. Y así como este caso, esta administración ha tenido que capotear una y mil protestas y demandas judiciales. Además de ello, las pesquisas han encontrado que autorizó al menos 130 plazas de base, lo que socava por completo el presupuesto municipal.
En opinión de expertos y profesionales oaxaqueños debe sentarse un precedente. Es inconcebible que una mala administración municipal, en donde se privilegió el dispendio, el tráfico de influencias, la improvisación y el desorden financiero quede en la impunidad. Amén de ello, es evidente que no hay obra pública, rehabilitación, campaña de bacheo o algo más que justifique gastos millonarios como los que el ex edil de Morena dejó para su sucesor. El problema es que, pese a ser consignado o sometido a procesos resarcitorios, el mal está hecho. Poco, muy poco se espera de la administración de Martínez Neri. Un mal de esa magnitud, a nuestra de por sí golpeada capital, no debe quedar sin castigo.
