Siempre hemos dicho en este espacio editorial que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), nuestra Alma Mater, nuestra Máxima Casa de Estudios, tiene que refundarse y tirar el lastre que no la ha dejado ser lo que en esencia debía: un templo del saber, de la academia y la investigación; una institución en donde los alumnos (as) abreven del conocimiento y sean, cuando concluyan sus estudios, profesionistas bien calificados. Nuestra universidad pública es el sitio que concita a miles y miles de jóvenes que llegan a la capital en busca de prepararse para ser, el día de mañana, el soporte de sus familias y profesionales en las diversas áreas del conocimiento. Pese a ello, la UABJO está siempre convulsionada, en agitación permanente ante la permanencia de al menos cinco sindicatos que sangran su precario presupuesto, además de clanes familiares, grupos de poder y porros al servicio de unos y otros.
Hemos hecho esta referencia por hechos recientes que merecen atención. La semana anterior, se dio a conocer que había sido elegida como nueva directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la aludida institución, la maestra Rocío Martínez Helmes. Sin poner en tela de juicio su formación académica, su condición de mujer profesionista y su derecho a haberse promovido para dicho cargo, son las condiciones de un visible cacicazgo lo que está en tela de juicio. Ella ocupará el cargo que dejará su esposo, Eduardo Pérez-Campos en dicha institución. Es además, hermana del ex rector Eduardo Martínez Helmes; hija del ex rector Abraham Martínez Alavés y hermana de quien hoy se Secretario General de la UABJO. Esto es, tenía ya la mesa puesta frente a cualquier aspirante que le hubiera hecho sombra en la elección.
Hace algunos años, los aludidos fueron calificados como “La familia real”, es decir, todos están en la nómina universitaria. Si bien este caso es el más visible, no es el único de familias completas que succionan la magra ubre universitaria. De padres o madres directoras, vienen los hijos como catedráticos o coordinadores académicos. Este fenómeno se empezó a presentar desde los años 70 del Siglo XX, lo que implica que hay especímenes que tienen medio siglo o más, perviviendo de nuestra Máxima Casa de Estudios. Muchos ya no son hijos, sino nietos de dirigentes sindicales, ex rectores, ex Secretarios Generales. ¿En realidad pues, nuestra populosa universidad pública, no merece otro destino?
Informes ¿de qué?
Se ha desatado entre diputados y diputadas locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), una especie de fiebre por rendir lo que ellos y ellas llaman informes de actividades legislativas. Es más, hasta se publicitan en espectaculares y en espots radiofónicos, televisivos y en portales de internet. Sin embargo, más allá del protagonismo y el futurismo que ello encierra, entre la ciudadanía hay una pregunta que no tiene respuesta: informes ¿de qué?, habida cuenta del papel tan gris que han tenido, lamentablemente, nuestros representantes populares federales y locales. En el pasado, dichos cargos servían para gestionar apoyos para los distritos que dichos legisladores representaban o para coadyuvar en mejoras presupuestales para el estado o diversos rubros del quehacer gubernamental. Hoy en día, nuestros flamantes representantes populares sólo atienden su conveniencia, su bolsillo y quedar bien para que los tomen en cuenta para los siguientes cargos.
En el caso de diputadas y diputados locales, todo mundo lo sabe, forman parte de una de las legislaturas más onerosas, improductivas y voraces de la historia política oaxaqueña. No hay un legado que estén dejando en materia legislativa sino sólo ocurrencias, inmediatez y celeridad, que reflejan en toda su magnitud su falta de oficio, de tablas y compromiso con sus representados. En la pasada legislatura, también con mayoría de Morena, se echaron las campanas al vuelo para festejar la aprobación de dos leyes que, en su momento, parecían de vanguardia a nivel nacional. Se trató de la ley sobre residuos sólidos, que prohibía la venta en tiendas, mercados y súper mercados, de artículos con envases de plástico de un solo uso, conocido como PET, además de la ley llamada “Antichatarra”, que igualmente prohibía la venta a menores de edad de comida chatarra, refrescos y golosinas con alto contenido de calorías. Ninguna de ambas leyes tiene vigencia. A la primera le dio palo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la segunda es letra muerta.
En la actual legislatura salvo las aprobaciones de trámite, nada se les tiene que reconocer a los representantes populares. Entonces, ¿de qué tienen que informar? Y lo hacen en la capital del estado y no en los distritos que representan, los cuales son mantenidos en el olvido. Ahí les otorgan el voto, pero pronto lo olvidan nuestras y nuestros flamantes representantes populares.
