En el tablero internacional comienza a dibujarse un escenario que muchos creían superado desde la segunda mitad del siglo XX: el regreso de la política de la fuerza como instrumento de presión entre Estados. En el centro de esa dinámica se encuentra Donald Trump, cuya forma de ejercer el poder global ha vuelto a poner en tensión principios fundamentales del derecho internacional, particularmente el de la no intervención en los asuntos internos de otros países.
Durante décadas, el orden internacional se sostuvo sobre reglas relativamente claras. Tras las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional intentó construir un sistema jurídico capaz de limitar los impulsos de dominación de las grandes potencias. De ese esfuerzo surgieron organismos multilaterales y tratados destinados a establecer un mínimo de convivencia entre naciones soberanas.
Entre ellos destaca la Carta de las Naciones Unidas, que consagró el principio de que ningún Estado debe intervenir en los asuntos políticos, económicos o institucionales de otro. La lógica era clara: si cada potencia utilizaba su fuerza económica o militar para imponer decisiones a otros países, el mundo volvería a los conflictos permanentes que marcaron buena parte de la historia moderna.
Sin embargo, en los últimos años esa arquitectura jurídica ha comenzado a mostrar fisuras. La política exterior impulsada por Trump —resumida en el lema “America First”— ha privilegiado los intereses inmediatos de Estados Unidos por encima de compromisos multilaterales previamente aceptados. El resultado ha sido una diplomacia marcada por la presión directa, la confrontación comercial y el uso del poder económico como instrumento de negociación política.
No se trata solo de una retórica agresiva. En distintos episodios, Washington ha recurrido a amenazas arancelarias, sanciones económicas y advertencias diplomáticas dirigidas a gobiernos extranjeros. Aunque estas medidas se presentan como defensa de los intereses estadounidenses, en la práctica funcionan como mecanismos de presión sobre decisiones internas de otros países.
Desde la perspectiva del derecho internacional público, este tipo de prácticas plantea un problema delicado. El sistema jurídico internacional no cuenta con una autoridad superior que obligue a los Estados a cumplir las normas. Su eficacia depende, en gran medida, de la voluntad de los propios países para respetar reglas comunes. Cuando una potencia global decide ignorarlas o reinterpretarlas unilateralmente, el equilibrio del sistema comienza a resquebrajarse.
El riesgo no radica únicamente en las acciones de un gobierno en particular, sino en el precedente que estas generan. Si una potencia demuestra que puede presionar o sancionar a otros países para influir en sus decisiones internas sin consecuencias reales, otros Estados podrían verse tentados a seguir el mismo camino. En ese momento, el derecho internacional deja de funcionar como un sistema de reglas para convertirse en una simple fachada diplomática.
Para América Latina, este debate tiene una resonancia histórica especial. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, varios países de la región experimentaron intervenciones directas o indirectas de potencias extranjeras. De esa experiencia surgió una tradición diplomática fuertemente defensora del principio de no intervención.
México formuló una de las posturas más emblemáticas en esta materia. En 1930, el canciller Genaro Estrada estableció que ningún Estado debe arrogarse el derecho de juzgar la legitimidad de los gobiernos de otros países. La llamada Doctrina Estrada se convirtió en un símbolo de respeto a la soberanía y de rechazo a las presiones externas.
Hoy, casi un siglo después, ese principio vuelve a cobrar relevancia. La actuación internacional de Trump ha reabierto un debate que parecía cerrado: ¿hasta dónde pueden llegar las grandes potencias en la defensa de sus intereses sin vulnerar el derecho internacional?
No se trata de una discusión meramente académica. Si las reglas multilaterales continúan debilitándose y la presión unilateral se convierte en el método dominante de la diplomacia global, el resultado podría ser un mundo más inestable y propenso a conflictos.
Porque cuando las normas pierden fuerza, lo que queda es la lógica más antigua de la política internacional: la ley del más fuerte. Y cuando la diplomacia abandona las reglas para recurrir a la violencia o a la imposición, el mundo deja de ser un espacio de cooperación jurídica para convertirse nuevamente en un terreno dominado por la fuerza, donde las potencias imponen su voluntad mediante presiones, intervenciones o incluso acciones militares.
La historia demuestra que, cuando esto ocurre, reaparece una lógica conocida: la de los imperios que se imponen mediante invasiones e intromisiones en los asuntos de otros pueblos. En otras palabras, el retorno de una política internacional basada en la ley del garrote.
