La semana pasada, en redes sociales, se difundió una declaración del titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), en el sentido de que, en los primeros meses de 2022, terminará la vigencia de las medidas cautelares con las que se ha protegido a no más de sesenta personas de la etnia triqui, que se asumen desplazados. Dicha medida les fue otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desde 2010. Desde entonces, este pequeño grupo de cautelados –que originalmente fueron cerca de 60, pero actualmente no llegan ni a la mitad- se posesionó de los pasillos del Palacio de Gobierno, haciendo de ese espacio público su coto particular. Desde hace más de una década, se sabe, en dicho espacio público han nacido al menos cincuenta niños y niñas, dado que es para dicho grupo étnico, no sólo el lugar donde expenden sus productos, sino asimismo, cocina, comedor y hotel de paso.
Las exigencias de comerciantes establecidos y de grupos que demandan la apertura de dichos pasillos para el paso de peatones, han pasado desapercibidas para el gobierno estatal. Simplemente se les ha restado importancia. Con el discurso aquel de respeto a los pueblos originarios y sus costumbres no se les ha tocado ni siquiera movido un dedo para restituir al Centro Histórico su dignidad y señorío de antaño. Los triquis, al igual que los comerciantes en la vía pública dan un espectáculo deprimente y triste de nuestra capital, no sólo a quienes nos visitan sino a los propios oaxaqueños. La permanencia de dicho grupo ètnico por más de una década, sin causa justificada, dado que la figura de desplazados no existe en las condiciones en que ellos se asumieron ante el organismo internacional, es una agravio permanente a los oaxaqueños.
Sin embargo, lo es más, que se hayan asumido casi como los propietarios de un espacio público, donde transitaba el citadino; donde pasaban a diario los empleados al servicio del gobierno estatal. Dichos espacios son ahora rentados a terceras personas, en situaciones fraudulentas y aberrantes. Esperamos pues que el gobierno estatal asuma como tal la terminación de las citadas medidas cautelates y no permita una nueva invasión. Nada, absolutamente nada justifica que un grupo de indígenas, supuestamente desplazados siga dañando más el patrimonio de los oaxaqueños y la imagen de nuestra capital, considerada una de las más bellas de México y Latinoamérica.
Vaticinios y especulaciones
Los oaxaqueños, como ya hemos comentado en este mismo espacio editorial, somos testigos del proceso de sucesión que se dará en el 2022, un tanto agitado y convulsionado. La semana pasada se dio a conocer que el Consejo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), había votado porque cuatro aspirantes, hombres y mujeres, podrían ser sometidos a encuesta para la candidatura al gobierno de Oaxaca. Se trata de los senadores Susana Harp Iturribarría y Salomón Jara Cruz y los diputados Armando Contreras Castillo e Irma Juan Carlos. Se dieron a conocer hasta los votos otorgados por los consejeros a cada uno de los citados aspirantes. Sin embargo, fueron 13 los que se registraron, incluyendo dos legisladores, uno senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cacho Cué y otro, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya.
En dicho partido, hay que reconocerlo, los grupos de simpatizantes de unos y otros, particularmente de los senadores aludidos, se han enfrascado en disputas y descalificaciones, lo que advierte una guerra sucia para cuajar la candidatura. A ello hay que agregar los vaticinios y especulaciones; la renuencia a aceptar la calificación por parte del mayor órgano de decisión de Morena, por parte del resto de aspirantes y la pueril fórmula de validar a quien sea electo, por la vía de encuestas engañosas que sólo tratan de maquillar una realidad indiscutible: la decisión será del presidente de la República, de nadie más. Es decir, el viejo vicio del dedazo, de la imposición vertical y cupular; el manotazo de quien manda en el país, se habrá de sobreponer encima de encuestas, mediciones y demás faramalla tan común en estos tiempos.
Es evidente que habrá inconformidades y que la mayoría no estará conforme si el resultado no le favorece; que habrá posiblemente un reacomodo de fuerzas políticas y que aquello que se especulaba no resulte. El temor de muchos oaxaqueños es que de nueva cuenta se pretenda imponer en la entidad un experimento político; una versión democrática que no tenga nada detrás y que, más tarde que temprano muestre como en el gobierno de 2010-2016, que no es lo mismo ganar elecciones que gobernar una entidad tan compleja como la que vivimos. Oaxaca es mucho más que inventos, que candidatos supuestamente emanados de la voluntad popular, pero enmascarando la realidad que son las políticas clientelares del gobierno federal, las que por inercia inclinan la balanza electoral.
