Escalada de criminalización contra mexicanos
Bricia Yolanda Aragón Valdivia
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, la política migratoria estadounidense ha sufrido una transformación radical. Desde el inicio del segundo mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) multiplicó operaciones y arrestos diarios que rondan los 2 000, incluyendo a decenas de mexicanos sólo en California. Pese a la narrativa oficial que asegura focalizarse en individuos con antecedentes delictivos, datos de ICE confirman que alrededor del 41 % de los detenidos en febrero carecían de historial criminal
Esta práctica -denominada “arrestos colaterales”- y que se refiere a las detenciones de personas que no son el objetivo principal de una operación de inmigración, pero que son arrestadas durante una redada de ICE porque se encuentran en el lugar y momento equivocados. Estos arrestos a menudo ocurren cuando los agentes de ICE están buscando a personas con órdenes de deportación, pero terminan arrestando a otras personas que no tienen un estatus legal en el país, representa una violación al discurso gubernamental de priorizar “solo criminales peligrosos” y ha sembrado temor en comunidades migrantes, que evitan llevar a sus hijos a la escuela o salir a la calle por riesgo de detención.
En estos días se desataron redadas coordinadas en Los Ángeles que incluyeron allanamientos en iglesias, escuelas, lugares de trabajo y espacios públicos aterrorizaron a familias enteras. Un operativo narrado por NBC reveló que casi la mitad de los 4 mil 422 detenidos en febrero no tenían antecedentes judiciales.
La represión escaló rápidamente: entre el 6 y el 9 de junio pasado, Trump desplegó más de 4 000 efectivos -incluidos unos 700 marines- en Los Ángeles, federalizando la Guardia Nacional pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom, quien alegó violaciones a la soberanía del estado. Estas acciones recuerdan los despliegues militares en otras zonas, algo inédito desde la época de los derechos civiles.
La militarización del enfrentamiento tuvo consecuencias directas. En las protestas, hubo uso de gas lacrimógeno, balas de goma y gas pimienta; se reportaron heridos entre manifestantes y periodistas. Paralelamente, al menos ocho migrantes han muerto bajo custodia del ICE desde enero de 2025, entre ellos el mexicano Jesús Molina, fallecido el 7 de junio en Georgia tras quedar inconsciente con un lazo en el cuello, evidenciando graves negligencias.
Frente a estas tácticas coercitivas, la respuesta de la comunidad ha sido vigorosa. Grupos como Orange County Rapid Response Network se activaron rápidamente tras las redadas en el condado de Santa Ana, brindando asistencia legal y visibilidad social a los inmigrantes. En Los Ángeles, las manifestaciones han persistido durante días -con más de mil personas movilizadas, toque de queda y estado de emergencia-, pidiendo el fin de las deportaciones masivas.
Los líderes locales han sido muy críticos. La alcaldesa Karen Bass calificó las tácticas del ICE de “terroríficas” y alertó sobre su impacto en la cohesión social. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom apeló a los tribunales y advirtió que la federalización militar era inconstitucional.
El discurso oficial ha buscado enmarcar estas acciones como una defensa del “orden” frente a una supuesta “invasión migratoria”. Pero diversas voces han denunciado el enfoque como autoritario y racista, advirtiendo contra una “militarización de la lucha migrante” que amenaza la identidad democrática de ciudades plurales como Los Ángeles.
Mientras tanto, los mexicanos perseguidos en Estados Unidos, hoy no tienen el respaldo total del gobierno mexicano que sólo se limitó a hacer declaraciones que suenan tibias, frente a la situación, pues en el plano diplomático, el gobierno mexicano reaccionó de inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia y exigió respeto a los derechos de los mexicanos detenidos, subrayando la necesidad de una reforma migratoria bilateral. Apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se activó asistencia consular para garantizar el debido proceso. Cabe aquí preguntar, ¿qué habría hecho Estados Unidos si se tratara de sus ciudadanos migrantes perseguidos de esa forma por un gobierno extranjero?
A pesar de la narrativa autoritaria, casi la mitad de los detenidos son personas sin antecedentes: profesionales, trabajadores agrícolas o de la construcción, y padres de familia que contribuyen a la economía y ahora viven con miedo.
El uso de tropas federales, marines y Guardia Nacional en respuestas a protestas civiles ha sido calificado por líderes y expertos como un giro autoritario que erosiona la separación entre autoridad militar y control social.
Las condiciones en los centros de detención, denunciadas reiteradamente (muertes, negligencia), revelan una crisis que excede lo legal para entrar en el terreno de lo humanitario.
El eco de protestas en ciudades como Los Ángeles, San Diego, Chicago y Nueva York con demanda de justicia migratoria muestra una comunidad movilizada y no pasiva.
La actual crisis migratoria en Estados Unidos, agudizada por la administración Trump, combina prácticas de criminalización, represión y militarización con un fuerte componente racial y político. El saldo incluye decenas de muertes bajo custodia, miles de detenciones arbitrarias y la militarización de ciudades que fueron declaradas santuario. Frente a esto, las comunidades migrantes han respondido con coraje, organización legal y movilización social. El pulso que hoy vive California —y otras ciudades— será clave para definir si prevalece un Estado autoritario o una democracia inclusiva que reconozca la dignidad y contribución de los migrantes.
