Como mucho hemos comentado en este espacio editorial, Oaxaca fue un estado pionero en la lucha contra la secrecía y la opacidad gubernamental. En 2001 nació aquí el llamado “Grupo Oaxaca”, conformado por académicos, investigadores, periodistas, editores, etc., quienes empujaron la iniciativa de Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada en 2002 y del órgano garante: el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), así como de los órganos estatales. Desde que se aprobó la citada ley y se crearon los referidos órganos, quedó claro que dichas acciones no fueron una gratuita concesión del gobierno federal, de la Cámara de Diputados, partidos políticos o gobiernos locales, sino una conquista ciudadana y de la sociedad civil, para allanar el camino a la democracia participativa.
Uno de los ejes de la citada ley y de las similares estatales fue acabar con la secrecía y la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Por el contrario, fomentar en los tres órdenes de gobierno el acceso ciudadano a la información y la rendición de cuentas.
Sólo podía mantenerse en reserva o secreto, todo aquello que tuviera que ver con indagatorias judiciales o temas de seguridad nacional. Sin embargo, el arribo del llamado gobierno de la Cuarta Transformación ha trastocado por completo la esencia de dicha norma y vulnerado el Artículo 6º., de nuestra Constitución que da vigencia al derecho de los mexicanos a estar informados. No es un secreto que asuntos tan delicados como la cantidad y contratos para la adquisición de vacunas, han sido enviados a reserva. Y otros asuntos más, de los que el pueblo debe tener información, son mantenidos en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en archivos cuasi secretos.
Los llamados representantes populares, particularmente de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tampoco han sido ajenos a esta práctica perniciosa y discrecional. ¿Alguien conoce las causas por las que el gobernador de Tamaulipas pretende ser desaforado o el monto discrecional de recursos públicos para las grandes obras sexenales, como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía? Como estos temas hay muchos más. Se dice a los cuatro vientos que la lucha en contra de la corrupción es una divisa de esta administración, pero no hay que olvidar que los corruptos del actual régimen estarán protegidos por la opacidad.
Infiltración infame
Como lo mencionamos el pasado lunes en este mismo espacio, la lucha de la mujer por reivindicar sus derechos no sólo en la sociedad sino en el marco político; en contra de la violencia y el crimen, entre otras causas, es genuina. No es algo que se haya inventado recientemente o sea una innovación. La lucha de la mujer tiene muchos años. Y se ha dado en un entorno en verdad heroico. Sin embargo, también hay que reconocer que dicha lucha se ha pervertido en los últimos tiempos. Un hecho criminal, una acción oficial o privada en contra de una mujer, da pie al derroche de bajezas, de infiltración abominable de grupos violentos que agreden a placer, incluso –como el pasado domingo 7 de marzo- cometiendo actos vandálicos en templos católicos en abierta ofensa a quienes profesan dicho credo. Hoy en día, genera más daños la protesta de feministas que grupos violentos como el Frente Popular Revolucionario (FPR), las células de la Sección 22 e incluso, los vecinos de Santo Domingo Teojomulco.
Dichos grupos agreden por igual a mujeres que hombres; edificios públicos que domicilios privados; asaltan, roban, destruyen. Existe un segmento feminista denominado “Marea verde”, que cuenta ya con un historial de destrucción y agresión. Armadas con palos, piedras, martillos, caminan por la calle destruyendo todo a su paso. Es evidente que son células violentas que se infiltran en los grupos que pretenden protestar de manera pacífica y civilizada. Son justamente estas acciones las que han desacreditado por completo la genuina lucha de las mujeres; son dichos grupos aquellos que demeritan las causas justas, de lo que no hay que hablar, pues también ahí se practica la ley del silencio. Quien esté en contra de dichas acciones violentas, es violador, represor, acosador y todo lo peor de que puede ser acusado.
Después del vandalismo de los días 7 y 8 de marzo, la ciudad capital quedó hecha un asco. Centenarias canteras pintarrajeadas con aerosol; consignas ofensivas, de baja estofa; edificios históricos como Catedral, las iglesias de San Felipe Neri o San Cosme y San Damián, dañados en su interior y exterior. Calles llenas de cristales destruidos; negocios privados también afectados por las violentas. No es difícil para las autoridades saber quiénes son las responsables, lo lamentable es que dichas acciones son las que les permiten tener una impunidad absoluta. Pueden seguir dañando o destruyendo. Nadie las tocará.
