Cada persona una historia, una vida y un nombre que debe ser recordado más allá de las cifras (https://bit.ly/3o3Lacn; https://bbc.in/3xRFsz3).
No solo eso, la línea 12 del metro, que conectaba en 24 kilómetros a zonas con una baja oferta de transporte público con el centro de la ciudad capital, ha visto interrumpida su marcha, aumentando al doble o al triple los traslados, especialmente aquellos de la clase trabajadora (y próximamente la estudiantil) quienes han tenido que hacer uso de abarrotados camiones en plena pandemia, situación que podría extenderse a los siguientes meses.
Todo por una deficiente gestión pública. Nadie considera que el colapso del tramo elevado del pasado lunes haya sido intencionalmente causado por persona alguna, pero el coste de la suma de negligencias y una toma de decisiones que parece poder rastrearse desde la concepción del proyecto son el germen de la tragedia que hoy enfrentamos.
Desde la concepción del proyecto, que originalmente sería subterráneo en su totalidad, hasta su implementación y mantenimiento, en cada proceso parece que el diseño de la Línea 12 sufrió importantes modificaciones que ahora están bajo la lupa para poder definir los tramos de responsabilidad administrativa a partir del desastre. De la misma forma, estarán bajo el escrutinio la asignación de presupuestos, el desempeño de las empresas ejecutoras, las obras de conservación y corrección, así como la posición del tema en la agenda de gobierno de al menos tres administraciones (https://bit. ly/3uIK8oZ; https://bit. ly/3vShzVY).
Aún tendremos que esperar los resultados de los peritajes, que tardarán al menos un mes, y los análisis jurídico-administrativos que nos permitan ir jalando el hilo de las consecuencias legales que desembocarán a partir de los hechos del 3 de mayo, y de ahí meses e incluso años para que algún desenlace más o menos firme se haga presente.
En tanto, las consecuencias para millones de mexicanos son muy tangibles y concretas, en menoscabo de su vida, dignidad y seguridad. Es por ello que resulta urgente considerar que más allá de las responsabilidades individuales de este caso, toca también repensar qué incentivos en la gestión pública existen para que sean permisibles las omisiones y negligencias que causan tragedias como la del pasado lunes.
El coste político de reconocer que la inversión pública se realizó sin un análisis técnico suficiente o que se ejecutó de una manera que resulta insegura, especialmente al tratarse de obra pública, es condena de muerte a la carrera política.
La asignación de recursos a mantenimiento o corrección de obras o acciones del pasado da pocos rendimientos políticos, por lo que las administraciones evitan ese tipo de gasto público sin importar lo urgente que este sea.
Evitar fincar responsabilidades a servidores públicos del pasado o de auditoría de sus acciones y obras, también una práctica común, es aún visto como todavía como un gesto de cortesía política y un acto que busca la protección de posibles persecuciones posteriores.
La falta de incorporación de perfiles técnicos que permitan la mejora de las capacidades de planeación, presupuesto, seguimiento, evaluación y toma de decisiones se ve constantemente socavada por la contratación de
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas aún se encuentran en lenguajes extraños y ajenos a la sociedad, en largos y complejos formatos que poco abonan para que la ciudadanía, prensa y organizaciones civiles sea parte de los mecanismos que permitan ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos para su mejora.
Y, finalmente, la denuncia ciudadana de hechos de omisión, negligencia y corrupción solo tiene reflectores cuando toca una fibra sensible a alguna agenda política específica.
Cada uno de estos factores, y otros tantos más, son origen de esta y otras tragedias. Es apremiante que como sociedad iniciemos un diálogo para eliminar estos incentivos perversos que atraviesan las prácticas cotidianas de la gestión pública. Exijamos verdadera rendición de cuentas.
@GalateaSwanson
