No es la primera vez que El Mejor diario de Oaxaca, aborda el tema de la sustracción ilegal de agua potable por parte de fraccionamientos y asentamientos humanos en el Valle de Etla y agencias de la capital. Como se establece en el reportaje que publicamos en nuestra edición del pasado domingo, autoridades comunales de San Agustín, Etla, en donde se ubican algunos de los veneros que históricamente han surtido a la capital del vital líquido, han detectado al menos 60 puntos de extracción ilegal, que hacen que el caudal se reduzca hasta en un 85%. Hay que recordar que el gobierno del Estado, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), realizó en la pasada administración, importantes inversiones, particularmente en el acueducto que proviene de dicha comunidad eteca, para abastecer las necesidades de una población urbana creciente y ante el agotamiento de los mantos freáticos y pozos.
Desde ese entonces hemos mencionado que algunos fraccionamientos que se ubican en el entorno suburbano, de municipios como San Pablo, Etla, así como agencias y colonias pertenecientes al municipio de Oaxaca de Juárez, Viguera, Pueblo Nuevo y otros, han extraído el líquido vital, aprovechando que los tubos pasan por sus jurisdicciones o cerca de ellos. Y es que cuando algunos de dichos núcleos de población fueron construidos por empresas locales y foráneas, como viviendas de interés social, no atendieron el tema del suministro de agua potable. Una importante zona perteneciente a municipios del distrito de Etla, han devenido unidades habitacionales, pero arrastran el problema de la falta de agua potable, plantas de tratamiento e inclusive del manejo de desechos sólidos.
Las autoridades comunales de San Agustín tienen ya ubicados los sitios en donde se sustrae agua de manera clandestina. Sin embargo, hacen falta acciones legales al menos para que aquellos representantes de las empresas constructoras, de las agencias y colonias o fraccionamientos, paguen los derechos o perforen sus propios pozos. La medida que han adoptado es a todas luces ilegal y deben ser objeto de sanciones de tipo económico o administrativo. Cuando fue ampliado el acueducto que trae el líquido desde la comunidad referida, muchos vivales se aprovecharon para cobrar generosas cuotas por el paso de los tubos en sus propiedades y, no hay duda, que también hayan lucrado vendiendo el vital líquido a sus vecinos de unidades habitacionales.
Atención a zonas violentas
La semana pasada, elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron emboscados por supuestos comuneros del distrito de Sola de Vega. La grabación de los gritos de auxilio fue difundida, luego de que uno de los jenízaros pidiera ayuda a los jefes de su corporaciòn, habida cuenta de que los agresores habrían quemado la base policial. Por fortuna no hubo desgracias personales que lamentar, habida cuenta de que si bien con temor a morir, la partida policíaca resultó ilesa del ataque. En un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), se mencionó que el motivo se dicha agresión tuvo que ver con la disputa que traen entre manos el municipio de Santiago Textitlán con su agencia, Santiago Xochiltepec, porque ésta última no ha recibido la parte que le corresponde de los Ramos 28 y 33, por lo que solicitaba la intervención de la Secretaría General de Gobierno, para sentar a las partes en conflicto y resolver el diferendo, evitando acciones de violencia como la que nos ocupa. Por fortuna, el fin de semana pasado, firmaron la paz.
Lo anterior se presta a diversas interpretaciones. La primera es: ¿y qué tendría que ver la corporación aludida en la disputa presupuestal entre municipio y agencia, si sólo está para cumplir su papel en la prevención de acciones ilícitas? ¿Hubo protección para una de las comunidades, que desató la ira de la otra, al quemar la base policial? ¿De dónde provino la agresión? En fin. Pero más allá de especulaciones, es importante subrayar lo que mucho hemos mencionado en este espacio editorial: esa zona de la Sierra Sur, al igual que territorios como el de San Vicente Coatlán y otras, son terrenos prohibidos para policías y soldados, pues la población –y eso no es un secreto- se dedica al cultivo de estupefacientes. La simple presencia de elementos del orden genera respuestas violentas, como fue el caso de los cinco policía preventivos masacrados en la última comunidad, crimen colectivo que sigue en la impunidad.
Zonas como las mencionadas, la región de Santiago Juxtlahuaca, en donde habitan los triquis y distritos como San Carlos Yautepec, Miahuatlán o Juquila, deben ser vistas con lupa. La disputa por la siembra de estupefacientes y otros cultivos ilícitos, desatan entre los comuneros sus más bajas pasiones y la respuesta es la violencia y la muerte. Enviar a una partida o una patrulla para vigilar o supervisar, es poner a sus elementos en riesgo de perder la vida.
