POR: MARIANA ARAGÓN MIJANGOS
Escribo estas líneas al enterarme del inefable feminicidio de Soledad; una mujer que a menos de tres kilómetros de distancia de mi casa fue descuartizada por su pareja, un taquero de nombre Andrés. En lo que va de 2022, de acuerdo con el GES Mujer Rosario Castellanos su caso es el No. 62 en Oaxaca (643 durante el sexenio de Alejandro Murat), mientras que en México las cifras oficiales rondaban en mayo los 350.
¿Qué está pasando para que los feminicidios escalen año con año en incidencia y saña? En 1992, Diana Russell y Jill Radford publicaron Femicide. The politics of women killing y con ello, establecieron el marco teórico para los crímenes de odio contra las mujeres. En nuestro país el término cobró fuerza cuando en 1996, ante el fenómeno de las muertas de Juárez (más de 400 niñas y mujeres asesinadas entre 1993 y 2004) Marcela Lagarde planteó la necesidad de observar esos crímenes a partir de la categoría analítica del feminicidio.
Desde entonces, gracias a la presión de grupos feministas, innegablemente ha habido avances legislativos e institucionales importantes para atender la problemática, de entrada se ha visibilizado la violencia que antes era totalmente normalizada y el tema se encuentra sobre la mesa de la agenda pública. Sin embargo, claramente no ha sido suficiente. De hecho, esos avances puede que sean contraproducentes cuando lejos de penetrar en las estructuras, sirven para justificar un actuar político- gubernamental carente de resultados.
La realidad es que un país con 94.8% de impunidad (México Evalúa, 2021), está condenado a seguir cosechando criminales, particularmente feminicidas. “La impunidad se ha caracterizado también por omisión y, a lo largo de tres lustros, por una evidente falta de transparencia y de profesionalismo gubernamental y judicial” (Lagarde, 2007). El pasado miércoles llegó a la mañanera el caso de Mauricio Gutiérrez, quien en twitter acusó a la Fiscalía de Querétaro de actuar con negligencia y graves irregularidades en la investigación de la muerte de su hija, al clasificar la carpeta como “suicidio” cuando ni siquiera tomaron como sospechosos a su yerno y al hermano de éste quienes, de acuerdo con Gutiérrez, manipularon la escena del crimen. Además, el padre de la víctima señaló tratos intimidatorios para con él y su familia, e incluso presiones para cambiar el testimonio de su hijo mayor.
Este caso no es el único, hace unos días me reuní con Nelly Martínez Echartea, defensora de derechos humanos de las mujeres y excoordinadora nacional de CLADEM-México, quien este año fue condecorada por el Municipio de Oaxaca de Juárez con la medalla Donají. La profesora Echartea me comenta: “En los últimos tiempos, aun cuando las cifras demuestran un incremento en cuanto al número de suicidios en mujeres, se advierte que las autoridades e instituciones procuradoras de justicia han recurrido a este problema de salud pública para enmascarar la violencia feminicida.” Y al respecto me comparte dos ejemplos: en Jalisco en 2020, en el caso de L.C.G. mujer Wixárica (huichol) de 20 años de edad y madre de una niña de 3 años; se aceptó la versión del esposo de haberla encontrado colgada y el médico forense no le realizó la necropsia correspondiente, inclusive se falseó la información con fotografías de otro cadáver. En Oaxaca en 2021, también está documentado el caso de M. M. G. mujer mixe de 42 años de edad, quien fue atacada con un cuchillo con el que le cercenaron el cuello en su domicilio, su muerte también fue atribuida a suicidio.
A Evelyn Gómez Ocampo, presidenta la asociación civil HERSIVU le tocó ver de cerca el caso de su compañera J. H. G, quien el pasado 8 de abril fue hallada asesinada en su domicilio; me cuenta que “al involucrarnos nos dimos cuenta de la burocracia que existe en torno a la forma de investigar los delitos en Oaxaca, la falta de tecnología, ausencia de técnicas modernas de investigación criminal y la falta de interés oficial para investigar el feminicidio; No cesaremos en nuestra demanda de justicia para nuestra compañera, que se realice una investigación profesional, que no nos salgan con que se suicidó como se está haciendo costumbre”.
Resulta preocupante que los pasos dados por gobierno y sociedad en la lucha hacia el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia enfrenten una nueva embestida de resistencias patriarcales que, con tal de no asumir los costos políticos de la creciente incidencia feminicida, use como artilugio la clasificación de suicidio para dar “carpetazo” a la injusticia y al dolor de las familias. No más impunidad, no más simulación, las mujeres exigimos justicia.
