De manera reiterada los vecinos de municipios y agencias cercanas a Salina Cruz han demandado la atención de las autoridades ambientales: Semarnat y Profepa y estatales, para que sancionen o acrediten responsabilidades a Petróleos Mexicanos por los cinco derrames de hidrocarburos que han padecido en las tres últimas semanas. En efecto, se trata de daños ambientales que han afectado a la flora y la fauna marina, con consecuencias dramáticas en la economía y el propio estatus de pescadores y restauranteros de Bahía La Ventosa, Guelaguichi, Playa Cangrejo, Las Escolleras, Playa Azul y otras más. Todo ello producto de los descuidos de empleados de la paraestatal o falta de mantenimiento en las boyas de carga, que ha dejado playa y litoral en condiciones desastrosas.
Lo que ha llamado la atención es el silencio o la complicidad de nuestros representantes populares tanto en el Congreso local como el federal. Como si denunciar a la paraestatal fuera estar en contra de su guía moral y mecenas político o como si guardar silencio fuera una muestra de dignidad y respuesta a la ciudadanía que, en mala hora, les otorgó el voto para cuajar la curul en la que ahora están. En este espacio editorial hemos denunciado la irresponsabilidad de Pemex con estas afectaciones ambientales que, incluso amenazan con extenderse hasta la zona de Huatulco, lo que dañaría al turismo y a los prestadores de servicios. Pero, a la fecha, nada se ha hecho al respecto. Es más, los propios organismos estatales como la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) y la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Oaxaca, han sido omisos en las denuncias.
Durante la visita del gobernador Alejandro Murat a EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, el pasado 7 de noviembre, se le cuestionó al respecto, a lo que el ejecutivo estatal sostuvo que se harán las denuncias pertinentes ante quien corresponda para que dichos derrames de hidrocarburos tengan las indemnizaciones pertinentes. Pero, por lo que se ve, las afectados siguen en las mismas sin que ninguna autoridad, mucho menos legisladores, les hagan caso y actúen en consecuencia. Es urgente que quienes se presume tienen la responsabilidad de atender esta emergencia ambiental dejen de lado la modorra y se apliquen a cumplir con su papel. Que no se escuden en el miedo o la complicidad con la paraestatal.
¿Y la Ley Orgánica?
El lunes de la semana anterior, el gobernador electo dio a conocer los nombres y personas de quienes le acompañarán en las tareas de gobierno. Varias designaciones provocaron ruido, como la de una Secretaria de Educación, la del jefe de la Oficina de la Gubernatura o Jefe de Gabinete, secretaría de honestidad o de medio ambiente y sustentabilidad, entre otras. Ninguna de ellas aparece en la actual Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, lo que implica que ello debe merecer una reforma. Asimismo, se ubicó a la diputada local, Laura Estrada Mauro, como titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión que, si bien actualmente existe la dependencia relativa al bienestar, hacen falta los conceptos que se agregan. Cada gobernador, de eso no hay duda, quiere imponerle a su administración las reformas y ocurrencias que se le vengan en mente o a los cercanos. Sin embargo, todo apunta a que las formas institucionales parecen estar descuidándose o pasando por encima de ellas.
Es evidente que todo se da en el contexto de una novedad, en donde las novatadas están a la orden del día. En principio, el gobernador electo no debe designar un gabinete, puesto que hay un orden constitucional que tiene uno vigente. Deben ser futuros titulares los que fueron designados que, entrarán en funciones hasta que el gobernador hoy electo, rinda protesta como gobernador constitucional, que es diferente. Si bien es cierto que los medios de comunicación por aquello de ganar la nota o la exclusiva, muchas veces trastocamos lo que la ley establece, también es cierto que dicho error también se comete en las más altas esferas del poder público. Hoy en día pareciera ser un mérito violentar la norma y los preceptos legales. Y sabemos de dónde viene: “no me vengan con que la ley es la ley”.
Por ello, no se sabe si por la insistencia o fijación de algunos medios de comunicación se sabe que Jara Cruz ya habría enviado su iniciativa de ley para reformar la citada Ley Orgánica. Sin duda pues se avanza en el camino correcto, habida cuenta de que aparte de que la administración se percibe no como un ente institucional sino como botín de guerra, debe caminar sobre el andamiaje que le marca la legislación vigente en la materia. Hay que ir más allá de las ocurrencias, de los dislates y excesos. El mejor camino es el que han marcado las instituciones y la norma vigente. Hay camino que recorrer y aquello que la experiencia nos ha enseñado es que no todo será miel sobre hojuelas en una entidad tan compleja como la nuestra.
