El sábado pasado, un grupo de no más de veinte maestros (as) bloqueó uno de los cruceros de mayor flujo vehicular de la capital oaxaqueña. El atropello a la ciudadanía tardó al menos ocho horas.
En el fondo de este asunto subyace la negativa de este grupo de mentores de acatar las disposiciones oficiales, fincadas en los usos y costumbres, de la Agencia Municipal de Donají, para evitar que por cualquier motivo, una de las escuelas más importantes de la comunidad, la Primaria “Tierra y Libertad”, sea cerrada. Ya se conoce a fondo la excesiva y abusiva movilización de la Sección 22.
Marcha y bloquea por todo y por nada. Esta situación ha encontrado el hartazgo de la sociedad, que ha empezado a emplazar a los maestros a trabajar y cumplir con la responsabilidad que tienen asignada. Cualquier amenaza a su confort, los aludidos lo toman como un agravio y responden de la manera más absurda: agrediendo a la ciudadanía, a través de obstáculos a la libre circulación.
El sábado, día de descanso para la mayoría, en que muchos surten su despensa, van al mercado o hacen actividades que dejan pendientes durante la semana, el bloqueo en el citado crucero, fue una verdadera bofetada.
Medios de comunicación, ciudadanía y miembros de la sociedad civil, a través de las redes sociales, siguen denunciando puntualmente los atropellos que dicho gremio, también llamado Cártel 22, realiza en contra de la sociedad, pero también en contra de la educación pública. Los mecanismos de defensa del magisterio ya los sabemos todos: asumirse víctimas ante el menor amago del gobierno de desalojarlos. Se ha creado en la entidad un clima de impunidad social, ya que los cuerpos policiales no operan ante este tipo de situaciones. Un grupo de al menos 20 maestros (as), que paraliza la actividad económica de miles y miles de ciudadanos, sin que nadie los llame a cuentas. Está por demás insistir en que la lección de la Agencia Municipal de Donají puede ser un parteaguas importante para otras comunidades, presas del hartazgo de los abusos magisteriales. El rezago educativo es histórico. Pero los mentores se escudan con argumentos vanos: la culpa es del gobierno neoliberal, espurio y represor. Es culpa de la pobreza en la que vive más de la mitad de los oaxaqueños, pero no admiten que desde el nacimiento del llamado Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO), al estado se lo llevó el carajo en materia de educación.
Omisión oficial
No es la primera vez que empleados del gobierno estatal, resultan afectados y heridos por la agresión de grupos, comuneros y sindicatos que, en afán de lograr la atención de las autoridades agreden impunemente a aquellos (as) que sólo cumplen con su deber en sus oficinas. Se trata, a todas luces de hechos cobardes, cobrarle la apatía de los altos mandos, a trabajadores que se ganan el pan con el trabajo que realizan. Lo que ocurrió en pasado miércoles en Ciudad Judicial sienta un pésimo precedente de impunidad, pero también de apatía y omisión gubernamental. ¿Quién salvaguarda los derechos de los trabajadores si no es que el patrón? Ese día, elementos de la Policía Estatal sólo vieron de lejos el zafarrancho sin intervenir. La orden es pues, sólo hacer acto de presencia para disuadir. Pero los que están detrás de este tipo de acciones saben que no se les tocará un pelo, simplemente agreden, hieren y hasta asesinan con absoluta impunidad. Estas cosas no se deben permitir en ninguna parte. Y que no se nos diga que en Oaxaca estamos bien. La entidad está hecha un caos, un completo desgarriate del que parece no darse cuenta quien detenta el Poder Ejecutivo.
El argumento, el discurso de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos es común en nuestro medio. Pero tal parece que se observa sólo una cara de la luna. Es decir, por lo visto los derechos de los trabajadores que laboran en Ciudad Judicial o Ciudad Administrativa, a menudo atosigados por secuestros, bloqueos y agresiones físicas y verbales, no los tienen garantizados. Las comisiones de derechos humanos que asimismo sólo ven una parte de la realidad deben estar atentas a este tipo de aberraciones y atropellos. Hacer caso omiso de la apatía oficial para proteger los derechos de sus trabajadores es un delito. Es necesario documentar esta agresión para deslindar responsabilidades. Que no se diga que estamos peor que en el pasado sexenio, en donde hubo un miedo patológico para aplicar la ley. Es aberrante querer pasar desapercibido y omiso ante lo evidente. Empleados heridos estarán en todo su derecho para apelar a las más altas autoridades o comisiones de derechos humanos para exigir la protección de sus derechos a trabajar. Pero será un pésimo precedente para el sistema estatal de justicia que se siga jugando con la vida de los demás, sólo por omisiones oficiales inexplicables.
