Luego de aprobarse en la LXIV Legislatura del Estado, la iniciativa de las legisladoras Laura Estrada Mauro, Hilda Pérez Luis y Rocío Machuca, de la bancada de Morena, respecto a la despenalización del aborto y la suspensión del embarazo, la polarización de opiniones al respecto continúa. La iniciativa con carácter de ley fue aprobada en lo general, por 24 votos a favor y 10 en contra. Es decir, de acuerdo a las normas vigentes le hace falta mayoría calificada para convertirse en ley. Se entiende que las diputadas ponentes poco conocen los sentimientos del oaxaqueño común, sobre todo cuando profesa la religión católica y defensor a ultranza de la vida. Sin embargo, el protagonismo enfermizo que caracteriza a dicho partido y su militancia, quiso adelantarse con un tema escabroso y controversial como es el aborto.
Desde la misma sesión en la se aprobó, las rechiflas y los insultos por parte de personas que desaprueban dicha práctica y la aprobación de diversas organizaciones feministas, hizo vivir un pandemónium al interior de la sala del edificio legislativo de San Raymundo Jalpan. En las afueras hubo personas que con rezos y acompañadas de ministros de culto trataron hasta el último momento de detener la votación. El domingo pasado, diversos grupos de mujeres que apoyan la libertad de las mismas en la decisión del embarazo, marcharon por las calles del centro de la capital oaxaqueña, para demostrar su apoyo a las decisiones legislativas al respecto.
El asunto, pues, no termina. La polarización de la sociedad oaxaqueña continuará abriendo un cisma peligroso entre las familias que están a favor o en contra. El tema del aborto, hay que decirlo, ha sido un tabú en nuestro medio conservador. Se ha discutido desde hace mucho sin llegar a un convencimiento pleno en los diversos sectores de la sociedad. Si bien es cierto que han proliferado doctrinas ligadas al Cristianismo en los últimos tiempos, también es cierto que la mayor parte de la población es católica. Los curas y ministros religiosos tienen una gran influencia en sus fieles. Esperamos pues que el tema a que hacemos referencia no continúe distanciando más y más a los oaxaqueños y que la ley referida, no tenga el carácter de imposición sino de consenso. Hay aún una gran inconformidad al respecto. Los efectos negativos desde el punto de vista político, sin duda alguna, llegarán como un boomerang. Al tiempo.
Mal ejemplo cunde
La semana anterior fue fatal para las Fuerzas Armadas: el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en Bochil, Chiapas, luego de que habitantes de dicha población abrieron fuego cuando un grupo de elementos trataba de desalojar un bloqueo carretero. Tres elementos del Ejército Mexicano fueron embocados en la Sierra de Guerrero, cuando destruían cultivos para la manufactura de estupefacientes. Una mujer, miembro de la Guardia Nacional fue herida, cuando dicha corporación hacía un recorrido por la zona de conflicto en las comunidades mixes de San Juan Bosco Chuxnabán y San Miguel Quetzaltepec. La víctima fue trasladada a la capital oaxaqueña para su atención médica.
La pregunta es: ¿qué puede esperar una sociedad como la nuestra, cuando existe un tendencia a atacar, agredir y humillar a quienes se presume nos otorgan seguridad, salvaguardan nuestras vidas y nuestro patrimonio? Escenas como las que se han dado en La Guacana, Michoacán o en poblaciones de Puebla, coludidas por completo en el robo de combustible y asaltos a camiones de mercancía, no han generado sólo indignación sino el temor de que ante la falta de una estrategia del gobierno federal en contra de los grupos armados y cárteles de la droga; de grupos de facinerosos y vecinos delincuentes, el resto de la sociedad mexicana quede en la indefensión.
Nada tan grave como agredir a las Fuerzas Armadas, a la corporaciones policiales y la Guardia Nacional. Son delitos que no deben quedar en la impunidad y deben castigarse. Los participantes en el bloqueo en Bochil saben quién o quiénes dispararon para asesinar a un elemento de la última corporación, al igual que en Quetzaltepec, deben conocer al agresor de la elemento. La Fiscalía General del Estado debe ir por los responsables y no dejar estos hechos, que sientan un mal precedente, queden en la impunidad y sin castigo. Nada, absolutamente nada justifica quitarle la vida a un militar o policía, a sabiendas de que están limitados para usar la fuerza letal.
En ninguna parte del mundo la policía o el Ejército puede ser agredido por particulares sin tener una respuesta enérgica. Sólo en México, en donde se las dan atribuciones para parecer más objetos de utilería que defensores de la seguridad y la soberanía nacional. No pueden explicarse las Fuerzas Armadas, sin el uso de la fuerza. No obstante, quien agreda a un elemento debe tener encima todo el peso de la ley y de las instituciones civiles. Así de simple.
