En EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, un periódico hecho por periodistas y no por amanuenses o con fijaciones político-ideológicas, hemos sido críticos recurrentes de la falta de obras, de programas sociales, de atención a grupos marginados, más allá de la inmediatez de aquello que va surgiendo en las giras gubernamentales. No ha faltado en estos espacios editoriales la visión siempre clara y crítica de dependencias gubernamentales que soslayan sus responsabilidades o que, simplemente, dejan al arbitrio de las circunstancias sus quehaceres. Y en efecto, como efecto colateral de la contingencia que ha traído consigo la pandemia de Covid-19, se ha observado no sólo el desapego de los titulares o de sus equipos operativos en las tareas que tienen asignadas, parte del compromiso que asumen cuando toman posesión del cargo.
Hasta el momento no se ha visto el impacto entre los oaxaqueños, que han tenido los incipientes programas sociales de la actual administración. Algunas áreas como la Secretaría de Bienestar (Sebien), emite boletines informativos sólo en el contexto de las tareas de la dependencia competente. Pero nada más. Son hechos aislados. No existe una política sólida en torno a la labor que dicha dependencia realiza en función de lo que le atribuye la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o el Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022, que para algunas áreas parece ser un referente marginal, no el eje rector de la política del gobierno de Alejandro Murat. Tampoco se ve el impacto que los programas destinados al campo hayan tenido en los productores, salvo las fotos eventuales o lo que publicita en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa).
La pandemia trajo consigo la posibilidad de que los titulares de las áreas, algunos de ellos contagiados por el virus, pudieran hacer home office, es decir, despachar desde sus domicilios particulares. Algunos de ellos lo tomaron tan a pecho que aún hoy en día, se sabe, lo siguen haciendo, dando a sus responsabilidades un ambiente de comodidad y nula presencia. Se entiende que la salud para todos los trabajadores y, sobre todo para quienes tienen el mando de las dependencias es prioridad para el ejecutivo, pero también es cierto que algunos han abusado, dando la idea de atonía en la administración pública estatal.
Reto a la autoridad
Cada día quedan en evidencia dos cosas: o los operativos que ha llevado el gobierno de la capital oaxaqueña en contra del comercio en la vía pública, sólo han sido saltos al vacío que no han traído ningún resultado o, los intereses político-partidistas y de compromisos con los dirigentes y manejadores, desde las altas esferas del poder público son tan grandes, que simplemente el tema de los ambulantes no tiene marcha atrás. Y aquí hay que ver las contradicciones. Mientras el gobernador Alejandro Murat ha dicho una y otra vez que el asunto es de la competencia del gobierno local, en la reunión de Cabildo de la semana anterior se ventiló la posibilidad de solicitar su apoyo, salvo que, dicen en el mismo ayuntamiento, no recibe la solicitud. Sin ánimo de descalificar a nadie, difícilmente la administración de Oswaldo García Jarquín, que adolece de todos los males y hasta descapitalizada, podrá por sí misma darle una solución.
Y es que para muchos ciudadanos es motivo de hilaridad el juego del gato y el ratón que se ha dado desde mediados de julio, entre la Policía Municipal y los comerciantes en la vía pública. Los desalojaron del Zócalo para que de inmediato se instalaran en las calles de García Vigil primero y luego en Reforma. Posteriormente y frente a los caciques de los mercados centrales, dirigentes y seguidores materialmente los encapsularon. Pocas protestas se han escuchado de parte de los mercaderes. Pareciera ser que existe cierta complicidad o connivencia. Hace días trascendió que la sempiterna vividora del comercio en la vía pública, Carmela Luján, en abierto reto al gobierno de la ciudad había vuelto con sus hordas al Zócalo. Todo ello en absoluta impunidad. Las centenas de puestos que regentea le hacen una potentada del comercio ilegal o informal.
Hay grupos que están manejados con abierto interés político, por lo que es indudable que al arribo del próximo presidente municipal, Francisco Martínez Neri, dicha mafia estará más empoderada aún. Si como el aludido ha dicho, habrá diálogo pero también la fuerza de la ley, no hay duda que resolver este intrincado asunto no será tarea fácil. Empero, tendrá que tener cuidado de que no pase lo mismo que en esta administración, en donde –se sabe- hay funcionarios municipales que tienen intereses abiertamente en el comercio en la vía pública. ¿Cómo darle una solución a esta corrupción amañada y ominosa?
