La semana pasada trascendió que en la capital oaxaqueña se había registrado el primer caso de dengue hemorrágico. Algunas instituciones de salud apuntaban en sus mediciones decenas de pacientes enfermos. Uno de los vacíos del gobierno de Alejandro Murat es, justamente, no percatarse de la gravedad de este tema de salud pública y minimizarlo. Los primeros reportes y quejas llegaron de Santiago Yaveo, luego del fallecimiento de tres personas y decenas de enfermos más. No obstante lo anterior, no se advirtieron medidas urgentes y efectivas para hacerle frente al mal. El asunto devino un escándalo mediático sin que se tuviera la respuesta inmediata, oportuna y contundente del gobierno. Es un hecho que nadie debe soslayar habida cuenta de que la insalubridad que se vive en algunas comunidades y la falta de prevención, hacen el caldo de cultivo para la incubación de larvas y la proliferación del mosco transmisor. Ello, desde luego, requiere de acciones preventivas y además, de la dotación de medicamentos del cuadro básico a hospitales y centros de salud, para atender con prontitud los casos de dengue clásico y evitar que devengan de dengue hemorrágico. Este mal es mortal.
No se trata de cuestionar la acción u omisión de los responsables, sino de que dicho mal sea tratado de manera institucional para evitar que se convierta en un serio asunto de salud pública. En la medida en que no haya una respuesta a la diseminación del mal en diversas regiones del estado, sin duda seguirá provocando decesos, habida cuenta de que no en todas nuestras comunidades cuentan con agua potable, alcantarillado y demás servicios públicos, sino que en muchas, las aguas residuales van a dar a la calle y la ignorancia hace que la enfermedad no se combata desde sus orígenes. Desconocemos el por qué a estas alturas no se ha desplegado en los medios de comunicación, incluso en los propios medios oficiales, una campaña masiva de prevención que oriente al ciudadano común a evitar que la enfermedad llegue a su casa. Resulta paradójico que en el gobierno se publiciten los festejos de julio u otras cosas y para la salvaguarda de la salud y la vida de los oaxaqueños, no haya ni voluntad política ni, mucho menos recursos para poner en marcha campañas de prevención. Ello ha contribuido, sin duda alguna, a que tengamos este escenario de emergencia sanitaria.
Atenuando conflictos
El jueves de la semana anterior trascendió que dos comunidades rivales, desde tiempos inmemoriales: “Pueblo Nuevo” y “Pueblo Viejo”, pertenecientes a San Francisco del Mar, en la zona huave, habían firmado un acuerdo de paz. Testigo de los hechos fue el Secretario General, Héctor Anuar Mafud, quien dio fe de este acto trascendental en la vida de nuestras comunidades, que tantos dolores de cabeza han provocado a diversas administraciones estatales. Hace al menos dos meses, otras comunidades de la misma región: Santa María y San Mateo del Mar, poblaciones con alta incidencia indígena ikoot, celebraron un acuerdo de paz. Durante años el camino terrestre que comunicaba a ambas estuvo cerrado por los pobladores de la segunda comunidad. De esta suerte, para salir o entrar a su comunidad, los ciudadanos de Santa María no tenían más alternativa que hacerlo por mar. Los medios dieron cuenta de accidentes mortales por el uso de dicha vía, hasta que se suscribieron los acuerdos de paz y ambas comunidades acordaron superar sus diferencias de manera civilizada. Los hay también entre San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán que aún quedan pendientes de resolver.
La historia contemporánea de nuestra entidad no se puede explicar si no se contempla su atomizada estructura comunitaria. Quinientos setenta municipios y más de 3 mil comunidades no siempre es sinónimo de santa paz y tranquilidad. El arraigo que los oaxaqueños, pero sobre todo la población indígena tiene por la tierra, es emblemático. Un pedazo de territorio es motivo suficiente para que vecinos se acaben entre sí. La historia de conflictos agrarios está salpicada de sangre. Sólo en las dos últimas décadas los muertos por este motivo se cuentan por centenas. He ahí el por qué dichos conflictos no pueden ser considerados como un elemento aislado de la gobernabilidad sino un reto para la misma. Tenemos la esperanza de que esos pactos pacíficos sean duraderos y no solamente para que los funcionarios o el ejecutivo se tomen la foto, sino que de verdad las comunidades convivan como alguna vez en el pasado: con civilidad y tolerancia. Existen en el estado más de 300 conflictos agrarios pendientes de resolverse ante las autoridades jurisdiccionales. Hay algunos que son de alto riesgo y siguen generando serios problemas a la gobernabilidad. Hace falta convicción y voluntad política de las partes para poder avanzar en esos acuerdos de paz.
