En días pasados hemos atestiguado cómo el patriarcado se resiste a dar paso a la igualdad sustantiva, evidenciándose de tal forma que pasa por alto el espíritu democrático de la Constitución mexicana y de sus instituciones, debilitándolas y poniéndolas en entredicho. Me refiero a la lamentable decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máximo órgano en controversias electorales, al revocar la resolución del INE que ordenaba a los partidos políticos la paridad de género con la postulación de siete mujeres como candidatas para competir por las 15 gubernaturas en 2021, bajo el mismo absurdo argumento que en su momento el Senado también expresó mediante oficio, de que el INE “excedió” sus facultades al violar el principio de reserva de ley.
La decisión del Tribunal se dio a conocer mediante dos comunicados titubeantes y ambiguos, en los que no se fundamenta con claridad lo que a todas luces es indefendible: perpetuar el predominio político de los hombres, en una República constituida por 32 entidades federativas, en cuya larga historia sólo ha habido 9 gobernadoras. Ante tal subrepresentación no hay argumento ni impedimento jurídico que valga, porque en un estado verdaderamente democrático lo legal es promover la participación política de todas las personas en condiciones de igualdad.
Es preocupante que haya que recordar constantemente que constitucionalmente ya es ley en el artículo 41, la obligatoriedad del cumplimiento del principio de paridad en todos los niveles de gobierno, en los tres poderes del estado, en órganos autónomos y en sistemas normativos internos, y por tanto los lineamientos emitidos por el INE lo único que hacen es hacer efectiva la Ley para que no quede en letra muerta.
Consejeras como Carla Humprey, magistradas como Janine Otálora y Mónica Soto, senadoras y diputadas federales encabezan un frente en defensa de lo que ya es derecho de las mexicanas: garantizar la paridad política; pero en este frente estamos todas quienes trabajamos formal e informalmente por la igualdad de derechos, desde la sociedad civil, desde los mecanismos de avance de las mujeres de todo el país, las mujeres en sus propios partidos, en los medios de comunicación, en la academia y desde el sector privado también vamos a dar la batalla.
Creo firmemente en que esta batalla la vamos a ganar aunque el status quo siga en franca resistencia; sin embargo, hago estas reflexiones sobre lo que será el proceso electoral 2021: La transición hacia una representación política paritaria no será en automático por la sola reforma constitucional en razón de la garantía de los derechos políticos de las mujeres, que ya debería ser razón suficiente; hay que asumir que dentro de las propias instituciones existen contradicciones que nos obligan a quienes creemos en la igualdad a mantenernos observantes y con la ley en mano para actuar oportunamente. Más allá de eso tendremos que trabajar en una segunda ruta difundiendo incansablemente los derechos políticos de las mujeres, promoviendo intensas campañas contra la violencia política y tejiendo más redes de liderazgos de mujeres, hasta que llegue el día en el que la paridad sea una realidad y no falte argumentar nada, ni mucho menos acudir a los tribunales, el día en el que los derechos de las mujeres se cumplan simplemente por el hecho de ser personas. Ni más ni menos.
