Dicen que en política no hay casualidades. Todo tiene una explicación. Y es que cada vez que ocurren hechos graves en la entidad, cuando se pone en tela de juicio el ardid de que somos una de las entidades más seguras del país, de inmediato surgen los boletines de prensa para dar cuenta de que las mediciones y estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), nos ubican casi como si los oaxaqueños viviéramos en un paraíso de seguridad, confort y paz social. Lo que hemos llamado mito, se viene arrastrando desde hace al menos cuatro administraciones estatales, es decir, desde principios del milenio actual. Pareciera ser como un contrapeso a la realidad cruda y brutal que vivimos y que las autoridades quisieran ocultar. Estamos de acuerdo cuando lo que se trata es de alentar las inversiones o atraer al turismo, pero no para sorprender la buena fe de los oaxaqueños.
Veamos. El martes 7 de junio se dieron varios hechos criminales que, para la opinión pública reflejan el grado de inseguridad que se vive no solamente en la capital del estado sino en toda la entidad. La tarde/noche de ese día fue en verdad letal. Un joven de conocida familia se encontraba esperando le surtieran un pedido de hamburguesas que había solicitado en un negocio de una concurrida colonia citadina. Hasta ahí llegaron sujetos armados en lo que se suponía era un asalto. A sangre fría dispararon sobre el joven de 26 años, quien falleció poco después. Casi de manera simultánea, una llamada al 911 alertó a la Policía Municipal, respecto a que un sujeto, de oficio taquero, había privado de la vida a su concubina, cuyo cadáver desmembró y ocultó en bolsas negras de plástico. Con una saña inaudita, el criminal pretendió arrojar las bolsas, hasta que, gracias a la llamada de uno de sus familiares fue sorprendido en flagrancia y detenido.
Coincidencia o casualidad, a esas horas dos personas fueron ejecutadas en Santa María Tonameca, Pochutla. Cuatro homicidios dolosos en menos de tres o cuatro horas no ocurren en una entidad cuyas autoridades se mofan a cada rato que la ciudadanía vive en un remanso de paz. Sólo el fin de semana pasado, en la madrugada del sábado 11 de junio, tres personas, dos hombres y una mujer fueron ejecutados en Collantes, población de afromexicanos, perteneciente a Pinotepa Nacional. Al filo de las 9:30 horas, dos elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), fueron acribillados por un comando armado en una empacadora de mango en San Pedro Tapanatepec. Dos personas más fueron torturadas e incineradas en Tepuxtepec, Mixes.
Ayuda, fluye a medias
Por lo que hemos vivido en Oaxaca durante los últimos años, particularmente luego del sismo de 8.2 grados que devastó la región istmeña en septiembre de 2017, la ciudadanía ya es un tanto incrédula de discursos y visitas presidenciales; de pasarelas de funcionarios federales y estatales. La lección para los damnificados de aquel siniestro fue cruel e irrebatible. Fue sólo un ir y venir de secretarios y titulares de importantes dependencias gubernamentales para tomarse la foto, pero no para concretar la necesaria ayuda institucional para volver a la normalidad. Personas que perdieron sus viviendas, sus instrumentos de trabajo, sus cosechas, hasta el día de hoy no han recibido el esperado apoyo de la Federación. Es más, de aquellas tarjetas que se les otorgaron, según las autoridades para que les depositaran dinero para reconstruir por su cuenta las afectaciones, nada se supo, sólo que vivales cibernéticos habían vaciado las cuentas.
Lo anterior viene a tema por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador que, a diferencia de sus antecesores con mayor sensibilidad, acudían de inmediato a la zona siniestrada, llegó a los nueve días de haber iniciado la tragedia. Y a echar de su ronco pecho para decir que los afectados no están solos; que su gobierno atenderá a los más pobres y que el gobierno de llamada Cuarta Transformación está haciendo mucho y que no quería más corrupción, por ello pidió al Congreso desaparecer el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden). Todo ello, cuando los vecinos de Zipolite, Tonameca y otras comunidades siniestradas han empezado a unir fuerzas para rehabilitar sus caminos y viviendas, a sabiendas de que el apoyo gubernamental, si es que llega, lo hará a cuenta-gotas.
En los últimos días se han llevado a cabo protestas de vecinos de algunas comunidades, por la falta de atención de las autoridades tanto estatales como federales. Lo hemos dicho: atender a conciencia el desastre que dejó el huracán requiere de cientos de millones de pesos, no minucias. Bajo esa premisa tiene que verse la reconstrucción no discursos ni promesas; no propaganda política ni partidista. Hay más de doscientos edificios escolares que resultaron dañados, ello impide recuperar la asistencia presencial que ya se había establecido recientemente. Hay falta de alimentos, insumos, medicinas. La corriente de energía eléctrica sigue sin restablecerse en algunas comunidades.
