Hace algunos años, cuando la Secretaría de Turismo federal tenía representación en cada uno de los estados del país, ésta funcionaba como una especie de organismo regulador, no sólo para coordinar los programas federales en ese rubro, con los organismos estatales, además fungía como una instancia en donde los turistas se quejaban de malos servicios o abusos. De la noche a la mañana dichas delegaciones dejaron de funcionar, dejando dicha responsabilidad a la Procuraduría para la Defensa del Consumidor, ya que tampoco las dependencias estatales o municipales tienen capacidad para sancionar. Abusar de los visitantes es casi como matar a la gallina de los huevos de oro, hablando metafóricamente, ya que de la atención que se les otorga sobreviven miles de familias oaxaqueñas.
Sería muy laborioso o motivo de una investigación tener el dato preciso de cuántas denuncias ante el Ministerio Público se realizan por robo de celulares, mochilas, cámaras fotográficas, auto-partes, etc., en esta temporada vacacional, en la que las víctimas son turistas del país o el extranjero. Más lo sería conocer los abusos en el servicio de taxis, cobros indebidos en fondas y restaurantes, excesos en antros de moda, mezcalerías o cantinas, etc. Si a ello agregamos los infalibles bloqueos carreteros o toma de casetas de cobro, la cuestión se hace más compleja. En pocas palabras pues, nuestra inexistente cultura para cuidar y salvaguardar dicha industria es letal para los visitantes. Muchos se van de Oaxaca echando pestes, con la promesa de no volver jamás. Vale la pena recordar el último año del gobierno de Gabino Cué, cuando una organización de taxistas bloqueó en pleno período vacacional, cruceros y avenidas, situación que enfrentaron turistas del norte del país.
En cada temporada vacacional, cuando se registra una considerable afluencia de turistas, en este espacio nos hemos pronunciado en favor de que sean los mismos organismos de prestadores de servicios, quienes se organicen para evitar que se cometan abusos en contra de los visitantes y se apliquen a sí mismos correctivos. Dado que no existe ningún órgano de gobierno que lo haga, la iniciativa debe provenir de los mismos prestadores de servicios, sin injerencia del gobierno. Pero hay que evitar a toda costa que quien nos visita y deja sus divisas, no se vaya con una mala impresión y nos sigan considerando seres irracionales a los que sólo les falta el taparrabo y la macana.
Reacios a evaluación
Desde que el llamado Cártel 22 se empoderó y se ha vuelto intocable, todos los exámenes de evaluación a alumnos y maestros, para dar una idea del grado de avance que existe en las diversas áreas del conocimiento, han sido negativos. Y no porque así haya sido el resultado sino porque ha existido una oposición tácita a realizarlos. No le ha faltado razón a organismos como México Evalúa o “Mexicanos Primero”, para afirmar que el eje del rezago educativo y el atraso se finca en la irresponsabilidad del magisterio. Y así lo entendemos nosotros. Con el argumento superficial del neoliberalismo y sus políticas y de que nadie tiene por qué fiscalizarlos, simplemente se han opuesto de manera sistemática a cualquier intento de evaluación.
La semana antepasada el gobernador Alejandro Murat estuvo en el Istmo para poner en marcha un programa sobre las lenguas originarias. Fue, justamente, en una escuela que lleva el nombre de uno de los fundadores del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO), Enedino Jiménez Jiménez. Ahí, prácticamente validó el famoso Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), al admitir que se trata de un proyecto contemplado en dicho plan. Es más, hace poco más de un año, como un intento para paliar la perpetua inconformidad magisterial, afirmó que apoyaría el referido PTEO. Es evidente que se trata de una postura eminentemente política, que poco o nada tiene que ver con la realidad educativa que vive le entidad y los problemas que ha traído consigo la movilización perpetua, traducida en excesos y atropellos.
Es posible que alguien trate de ubicar a las autoridades respecto a la excesiva ideologización del referido documento, que en su momento fue considerado como un instrumento no para educar sino para adoctrinar. No es, obviamente, un plan para abatir el rezago educativo ni, mucho menos, para mejorar la calidad de la educación sino para utilizar las aulas para pervertir la formación académica y desviarla por los vericuetos sinuosos de la ideología y el fanatismo enfermizo. Estamos convencidos de que negarse a la evaluación es cerrarse la puerta para entender cuál es la situación real de la educación de más de un millón de educandos de los diversos niveles educativo. Pero son las autoridades las que deben apretar. No es lógico que en todo el país se lleven a cabo las evaluaciones menos en Oaxaca, como si fuéramos una ínsula aparte del Pacto Federal.
