Sin duda alguna, el Talón de Aquiles del actual gobierno estatal y, de no resolverse a tiempo, será del siguiente, es la crisis que sigue lacerando, como el primer día de la actual administración, a los Servicios de Salud en el estado. En algo inédito, en este sexenio han transitado por el cargo seis titulares. Es decir, uno por año. El asunto, sin embargo, no es de quién esté o haya estado; quien llegue o se haya ido, por los motivos que sean, sino de la magnitud de esta crisis institucional. Tampoco podemos negarnos a la realidad. Ha sido como el crisol de la corrupción y las malas prácticas. Hay datos que revelan que, si bien los problemas vienen de atrás, fue en el gobierno del ex gobernador Gabino Cué cuando se exacerbaron. Se habla de adeudos por la falta del pago de impuestos; por las aportaciones al ISSSTE y de una y mil deudas pendientes que hicieron un boquete financiero por cerca de 28 mil millones de pesos.
Esa cifra recibió la actual administración y, se presume, se ha ido solventando, pero no en la magnitud requerida, sino incluso dando hospitales como es el caso del de “la Mujer Oaxaqueña”. Uno de los exponentes de esta crisis es el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, un ícono de la atención médica a las clases económicamente más desprotegidas, desde hace varias décadas. A mediados de diciembre de 2016 recibió la visita del entonces recién estrenado gobernador Alejandro Murat. Constató las condiciones tan lamentables en las que operaba. Sin alimentos dignos para los enfermos, sin insumos ni equipo médico. Es decir, todo un caso de abandono, de rezago y apatía.
Sin embargo, el citado nosocomio, con todos sus problemas sindicales, vicios añejos y bloqueos permanentes por unas u otras demandas, sigue en las mismas o peor. La semana pasada, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), clausuró un área clave: el Centro de Esterilización y Empaquetamiento de Materiales (CEYE). En los últimos años, la protesta por falta de equipo, insumos, material médico, han sido látigo para la ciudadanía. En los peores tiempos de la pandemia de Covid-19, las protestas y demandas contrastaron con la premura de una emergencia sanitaria, que mostró pronto su faceta mortal. Sin embargo, se sabe que, si bien el Civil es del que más se escucha, el en realidad es el sistema hospitalario oaxaqueño el que requiere, así literal, de cirugía mayor. Tarea pendiente para la siguiente administración.
La ley de la selva
Michel Foucault, historiador, sociólogo y filósofo francés, fue tal vez uno de los pensadores más reconocidos del Siglo XX. Fue durante 15 años, maestro del elitista y prestigiado Colegio de Francia. Su obra escrita es inmensa. Y los temas otro tanto. Pero hay una obra que desde hace tiempo tuvo un gran impacto en el entorno científicoa: “La vida de los hombres infames”. Para ello, su autor, hizo una investigación de años en bibliotecas, archivos médicos, judiciales, prisiones y hospitales psiquiátricos, todo ubicado en la vida de sujetos atípicos en el Siglo XVIII del país galo. “Se trata -dice el autor- de personajes sin duda miserables, excesos, una mezcla de sombría obstinación y perversidad, en los que se percibe la maldad y el encarnizamiento”.
Lo preocupante es el despertar de apetitos criminales en personas presumiblemente sanas y honorables. Obvio, no vamos abordar aquí un tratado de criminología o algo parecido, sino de un tema en el que nuestro estado y Puebla, se llevan las palmas: los linchamientos. Hacer justicia por propia mano, a veces con el sacrificio de inocentes, se ha convertido en los últimos tiempos en una constante entre la sociedad que, presume, que cualquier acción criminal debe medirse con el rasero de la impunidad. No se trata de validar acciones de delincuentes, novatos o consumados, sino de advertir a las instancias de seguridad y justicia, el riesgo que implica que una voz, llevada por la ignorancia, el fanatismo o la mojigatería, lleve a una turba a cometer las peores aberraciones.
La semana pasada, EL IMPARCIAL publicó datos de una investigación periodística, que revela que, en los últimos 35 años se han cometido en Oaxaca al menos 90 linchamientos. Casos recientes revelan que hay una fijación para actuar de esa manera. Hace décadas en Tehuantepec, delincuentes que habrían dado muerte a un médico de San Blas Atempa para robarle, fueron sacados de la cárcel municipal y quemados vivos. Igual suerte corrió un delincuente sorprendido robando en Santiago Matatlán o dos sujetos que fueron quemados en Macuilxóchitl. Y la lista sigue. La semana pasada –como lo mencionamos en este espacio- un presunto ladrón fue linchado a golpes en Trinidad de Viguera. Y seguramente esta forma silvestre y arcaica de la Ley del Talión o pena de muerte de facto seguirán, hasta en tanto las instituciones de justicia busquen resarcir en la sociedad el espíritu de la vigencia del Estado de Derecho y el castigo a quien infrinja la norma.
