El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo en Oaxaca, el “Sexto Encuentro de gobernadores y gobernadoras del Sur Sureste de México con la embajada de los Estados Unidos de América”. Dicha reunión estuvo presidida por el embajador Ken Salazar y el gobernador Alejandro Murat, como anfitrión de los ejecutivos estatales de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estuvieron además el sector empresarial, de la banca y grandes empresas. En esta reunión en la que estuvo presente también el gobernador electo, Salomón Jara, se puso sobre la mesa la importancia de esta zona geográfica de México que, paradójicamente y pese a su rico potencial, ha ido a la zaga del desarrollo nacional. Además, del interés histórico de nuestro país vecino de invertir en esta región que, desde mediados del Siglo XIX, ha estado presente en su entorno geopolítico.
Llamó la atención que Jara Cruz se pronunciara a favor de la inversión extranjera en Oaxaca, que permita aprovechar nuestra posición estratégica y, particularmente, el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, pesimismo aparte, hay varios factores que, de no atenderse, habrán de descarrilar esos buenos propósitos. El reto que el futuro gobierno tiene enfrente no es algo simple, sino acotar con un buen andamiaje jurídico, un abanico de problemas. Uno de los principales desafíos es darles seguridad legal a los inversionistas, en un estado cuyo Talón de Aquiles es la incertidumbre en la tenencia de la tierra. Las comunidades se asumen propietarias de tierra, agua y recursos. Ése ha sido el factor que han aprovechado dirigentes y grupos para asumirse supuestos defensores de la cultura, la tierra y el territorio, devenidos látigos en contra de empresas de energía eólica y mineras. Con amparos y guerra mediática han echado por tierra importantes inversiones.
A ello hay que agregar la movilización perpetua, donde se ha institucionalizado el bloqueo carretero. Aparte, por supuesto del chantaje y la extorsión desplegada por organizaciones sociales, dirigentes, sindicatos y la presencia de grupos criminales. Un factor adicional es la moda de estos tiempos: la consulta a las comunidades indígenas sobre todo aquello que se pretende hacer en su entorno, del que se asumen propietarios. El ejecutivo estatal debe hacer una pinza exitosa con el Poder Legislativo en la propuesta y aprobación de iniciativas y leyes que otorguen certidumbre jurídica a los inversionistas. Además, para ir poniéndole freno al gran negocio que representa la cultura del chantaje.
Cotos al gobierno que viene
Por lo visto, algunos diputados y diputadas locales, ya empiezan a poner camisas de fuerza al futuro gobierno de Salomón Jara. La semana anterior, aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin de que los titulares de las dependencias sean, en principio, originarios de Oaxaca. En ese mismo tenor, propusieron asimismo, reformas para la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca, sin llegar al fondo del asunto que es, justamente, acotar las facultades del ejecutivo para designar a cercanos, familiares o demás, como depositarios de la fe pública. Para los observadores del quehacer legislativo, se proponen reformas a la Ley Orgánica, cuando esta administración está a punto de finalizar. Es decir, si existe el propósito de emprender una nueva ruta, el inicio está en proponer una nueva Ley Orgánica, adecuada a las expectativas de la administración que entrará en funciones.
Sin embargo, la misma puede estar contaminada por candados y excesos, como ocurrió en el gobierno de Gabino Cué, cuya ley demandaba como obligatoriedad, que todo titular de las dependencias tuviera título universitario. Y ahí rodaron cabezas. Unos carecían del mismo. Otros, presentaron documentos falsos y se fueron. Otros más solicitaron una prórroga para obtenerlo. Pero, ¿quién elaboró la propuesta? Un extraño a los oaxaqueños. En el actual régimen, hubo también incongruencias en la ley vigente. La misma, aunque elaborada por quien hoy es magistrado del Poder Judicial del Estado, fue como un traje a la medida. Es decir, en su cargo inicial de Consejero Jurídico, asumió funciones que históricamente le competían a la Secretaría General de Gobierno. De esa suerte, la Consejería Jurídica está convertida hoy en una súper secretaría y su presupuesto creció de manera exponencial.
La citada Ley Orgánica debe ir de la mano con una propuesta de reforma administrativa. Nueva denominación de las dependencias o cambio de atribuciones. Si la meta es fortalecer unas en detrimento de otras, también debe ir en la lógica de un Plan Estatal de Desarrollo. Eliminar elefantes blancos burocráticos y onerosos, no está reñido con la política de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que ya ha señalado el gobernador electo. En el fondo de todo, debe estar el compromiso de cumplirle a los oaxaqueños con vocación de servicio y responsabilidad institucional.
