Como ya hemos comentado en este espacio editorial, las de ayer fueron las elecciones más competidas de los últimos tiempos, pero también las más violentas. Hasta el fin de semana pasado se contabilizaban poco más de 40 homicidios de candidatos; centenas de atentados, amenazas y el avieso propósito de conculcar los derechos políticos de los aspirantes a un cargo de elección popular. Las agresiones, así se ha sabido, no sólo han provenido del crimen organizado sino de los cacicazgos y clanes políticos, que permean en diversos partidos. El asunto es que, de los resultados de la contienda del pasado domingo, hay aún muchos casos en los que no se aceptará la voluntad popular. Hay quienes persisten en seguir con la vieja cantaleta del fraude electoral y de asumirse afectados, pese no tener sustento en sus denuncias.
Los órganos, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), son árbitros confiables que, estamos convencidos, no se prestan a acciones fraudulentas. La muestra está en que pese a que haya un partido en el gobierno, ellos tienen la autonomía necesaria para calificar las elecciones sin favorecer a nadie en particular. Sólo los obtusos, que ven monos con tranchete descalifican por sistema y de manera torpe. Sin la transparencia y legalidad de ambos órganos estaríamos perdidos. Se han sofisticado tanto las estrategias electorales, así como las leyes y jurisprudencia en la materia, que ya no es tan fácil alterar resultados. Las reglas de la democracia tienen que ver pues, con el respeto a la voluntad popular y evitar en la medida de lo posible, la judicialización de triunfos o derrotas.
Si antes había partidos que se decía se agenciaban los votos nulos, ahora eso no es posible. En los conteos y elaboración de actas de escrutinio, participan los representantes de partidos políticos. Resulta inverosímil que ellos, junto con los funcionarios de casilla designados por insaculación o de manera aleatoria, validen fraudes. En pocas palabras, ya no tiene sentido hablar de fraude electoral o de caída del sistema como en la época en que el controvertido director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), era Secretario de Gobernación. Los conteos rápidos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), son instrumentos para despejar la mente a los obtusos que insisten en no respetar el voto ciudadano depositado en las urnas.
Penales: Un rubro olvidado
La semana pasada, en la portada de El Mejor diario de Oaxaca publicamos una nota preocupante: la calificación tan baja que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), había otorgado al sistema oaxaqueño. De los buenos resultados de hace un par de años, la situación en los penales del estado, incluyendo algunos modernos como el de Tanivet, Tlacolula o el Regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ha caído estrepitosamente. Se trata de omisiones graves para la readaptación de los internos, que son tipificadas como violación a las garantìas individuales. Existen aún en Oaxaca, en penales como el de Tehuantepec, condiciones de hacinamiento, promiscuidad, falta de espacios más o menos dignos y, un problema que si bien no es privativo de nuestra entidad, se ha generalizado: el tráfico y consumo de estupefacientes.
Aunque en el entorno oficial se ha dicho que en todo el sistema estatal ha sido extirpado el autogobierno, en la práctica sigue existiendo. El sistema de premios y castigos; imposición de cuotas o trabajos forzados, siguen presentes. Durante los momentos más complejos de la pandemia de Covid-19, trascendió el contagio de decenas de internos. Se desconoce si, a la fecha, se ha aplicado la vacuna. Y es que si bien no se trata de un sector privilegiado de la sociedad, sino todo lo contrario, estigmatizado, ahí no es posible aplicar la sana distancia u otros protocolos sanitarios. Estar dentro de los cinco estados con deficiencias y mala calificación en el sistema penitenciario, es una mala nota. Cuestión que debe atender de inmediato el área corrrespondiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es decir, la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social.
Mucho se ha dicho que los penales son las universidades de la delincuencia. Es posible, desde el punto de vista que se les quiera calificar. Lo grave es que el Estado no contribuye a un verdadero proceso de readaptación ante la sociedad y al sector productivo. En cada empleo que ex internos quieren participar, siempre son rechazados con las famosas cartas de antecedentes no penales. Difícilmente, salvo en empleos marginales, temporales o el comercio informal, quienes han purgado condenas o han permanecido años en los penales, encuentran un trabajo digno y decoroso. Falta pues la atención del gobierno para evitar que dichos centros penitenciarios sean, como hemos dicho, instituciones del crimen.
