Nadie le puede regatear al gobernador Alejandro Murat, haber hecho su mejor esfuerzo para concluir la construcción de las carreteras a la Costa y al Istmo, principalmente la primera. El retraso en la entrega de la primera, se sabe, no es apatía o abulia gubernamental, mucho menos que responsabilizar al gobierno o empresas constructoras, sino a ese legendario vicio de los mismos oaxaqueños de no querer salir del atraso y la marginación; de esa inercia maldita de pelear a muerte por tierras áridas e improductivas, para que las mismas comunidades se asuman las amas y señoras. ¿Por qué esa tendencia a estar siempre marginados y sin contacto con el desarrollo? Es algo que subyace en el fondo de nuestra identidad originaria. Nos quejamos de que la Federación nos tiene marginados, pero cuando dicho abandono se revierte, se hace hasta lo imposible para seguir en la jodidez.
Es el caso de la carretera a la Costa, casi arriba de un 90% terminada, salvo un pequeño tramo que está en suspenso por el litigio agrario que mantienen desde hace cerca de medio siglo, San Vicente Coatlán y Sola de Vega. Es decir, un diferendo entre dos comunidades puede frenar una obra que tiene, al menos 15 años esperando poder concluirse. Pero es la voracidad de comisariados, ediles y manejadores foráneos los que quieren, a toda costa, sacar ventaja económica más que política de este tipo de acciones burdas, torpes y turbias. En lo que respecta a la vía al Istmo la situación es, asimismo, compleja. Cada comunidad de la Sierra o los Mixes exige prebendas y privilegios. Que se les construya una escuela, que el camino, el acceso a la población, amén de sumas millonarias. Y ello ha contribuido a que todo avance con lentitud y dificultades.
Otro factor de atraso –y bien lo reconoció el gobernador Murat Hinojosa- son los sindicatos mafiosos del transporte que, en su afán de lograr la concesión del acarreo de materiales, presiona y chantajea de forma criminal. Lo único que importa a los líderes es el dinero, no les interesa el beneficio social de las obras que comentamos. Es cierto, algunos ya están en prisión o libran procesos judiciales, pero hay otros, como es el caso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que, por el hecho de ser los consentidos del actual gobierno, han cometido una serie de abusos y atropellos. Su ramificación “joven” resultó más violenta y temeraria.
Comparecencias obligadas
Como nunca había ocurrido, ahora sí nuestros flamantes representantes populares locales, se pusieron las pilas. En principio, vale la pena recordar que jamás les ha preocupado realizar las comparecencias en el marco de la Glosa de los informes de gobierno. Pero ahora sí. La mayoría, representada en la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fijó un calendario de comparecencias para que ciertos servidores públicos, no todos por supuesto, den cuenta y amplíen la información de lo que el gobernador Alejandro Murat envió a dicha soberanía, que es, en cierto sentido, el quid de las comparecencias. Sin duda alguna, al menos tres están ampliamente justificadas, como la participación del titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Javier Lazcano Vargas, a fin de que dé cuenta de las obras que no se acaban de concluir, como es el caso de la avenida “Símbolos Patrios” o el Centro de Convenciones de Huatulco, entre otras, como el acabado del Centro Cultural “Álvaro Carrillo”.
También se previó la comparecencia del titular del Instituto Oaxaqueño de Construcción de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva (IOCIFED), Adolfo Maldonado Fuentes, en virtud de los constantes reclamos que hemos difundido los medios y, seguramente, por la información que tiene la representación popular, de escuelas que no han sido debidamente restauradas en la zona istmeña. Es inconcebible que a más de cinco años de los sismos de septiembre de 2017, aún haya edificios escolares sin rehabilitar. Asimismo, será obligada la participación de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), luego de las constantes reclamos de los vecinos de la zona costera cercana a Salina Cruz, de los derrames de hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin que se haya dado una respuesta contundente de parte de las autoridades estatales a dicho daño ambiental.
Sin duda alguna, se trata al menos de tres servidores públicos que deben comparecer, pues aún en la opinión pública existen muchas dudas respecto a su desempeño. Antes de concluir su gestión deben dar cuenta de los pendientes o que expliquen el por qué las obras no se han concluido, la razón por la cual hay aún reclamos en la rehabilitación de los edificios siniestrados o la causa de la abulia gubernamental respecto a los desastres ambientales, como el que hemos vivido en la ciudad de Oaxaca desde hace mes y medio.
