Sin lugar a dudas para muchos sectores de la población es más interesante experimentar la adrenalina electoral, especulando quién puede ganar un proceso electoral, que la configuración administrativa del gobierno, mientras las y los conocidos lleguen a algún cargo con peso específico.
La adrenalina electoral se alimenta de los comentarios que aparecen en los medios, también por el tamaño de la campaña o simplemente por las conversaciones con otras personas que alimentan la emoción de saberse que están en lo supuestamente correcto y que con eso se aparenta ser especialista en la materia.
Sin embargo, lo que no llama su atención, es lo que ocurre después del triunfo electoral, la organización de la administración gubernamental para cumplir con las expectativas y generar los resultados prometidos.
Más allá de los nombres de quienes se vayan a desempeñar como titulares en las diferentes áreas, es necesario conocer cómo se va a organizar el gobierno, lo más común ha sido cambiar el nombre de las dependencias, convertir direcciones en secretarías, fusionar áreas o aplicar la receta de los cierres de las administraciones, la cual consiste en ajustar a la baja los salarios de quienes se desempeñan como colaboradores de confianza.
En la generalidad de los casos, las leyes orgánicas de la federación y los estados, establecen cómo se debe organizar la administración pública, mediante instancias centralizadas, descentralizadas y órganos auxiliares.
Todos los derechos humanos, es decir, los civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados por el Estado y a través del gobierno, debe brindarles atención mediante instancias especializadas. Sin embargo, existen pocos especialistas en la materia con poder de decisión para organizar una administración pública eficaz y eficiente, alejada de la injerencia política que generalmente se traduce en los compromisos contraídos durante el proceso electoral.
La utilidad o no de los entes gubernamentales debe estar sujeta a indicadores, pero no en todas las áreas son fácilmente identificables, como son los casos de los derechos culturales y ambientales.
La realidad es que los organismos gubernamentales tienen mucho dinero para pagar salarios y poco presupuesto para operar, situación que da una idea clara de que el gobierno es uno de los principales entes empleadores de la sociedad.
En el caso del gobierno federal, desde el 2018 inició un proceso de reorganización administrativa, como en muchos casos, empezó por cambiarle el nombre a algunas instancias y posteriormente haciendo ajustes más profundos desapareció fondos y fideicomisos. El presidente no ha dejado de insistir en la necesidad de valorar la utilidad que tienen los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de los cuales ha mencionado que deberían de estar supeditados al Poder Ejecutivo Federal.
A propósito de lo anterior, el pasado viernes 28 de enero, se anunció que, a nivel federal, 16 organismos descentralizados o desconcentrados se adjudicarán a diferentes dependencias, y con ello, perderán su personalidad jurídica, su patrimonio o simplemente, su autonomía de gestión. Los entes que están incluidos en la iniciativa son; el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y la Coordinación Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR), los cuales, según sea el caso, se incluirán a los organigramas de la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría del Trabajo, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Energía, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias y el Instituto Nacional de Migración.
De aprobarse la medida, es muy probable, que en los gobiernos de los estados y de acuerdo a las equivalencias de los organismos, se imite la medida, como una justificación para alinearse a las políticas del gobierno federal.
